Eso significa que tendrán que hacerse cargo de los gastos sociales de cada empleado desde esa fecha. Para que sea posible, el Gobierno introducirá varias enmiendas en el proyecto de ley de reforma de las pensiones, especificando que las grandes empresas con beneficios que prejubilen compensen al Estado precisando que esta reforma se aplicará a partir del pasado 27 de abril, ya que considera “prioritaria” esta modificación legal.
De esta forma, el Gobierno se garantiza que la modificación afectará al caso de Telefónica, pese a que la compañía que preside César Alierta se ha comprometido a asumir los costes del proceso que quiere aplicar a 6.500 empleados de su plantilla en España durante un periodo de 5 años.
El nuevo texto mantiene que las empresas que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a trabajadores mayores de 50 años deberán efectuar una “aportación económica” al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Para el cálculo de esa ‘aportación económica’ se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Estado.
