La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 439 años de prisión a los dos piratas somalíes, Cabdullahi Cabduwily, alias ‘Abdu Willy’, y Raageggesey Hassan Aji, por el secuestro del Alakrana, asegura “sin duda alguna”, que “no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y el propio pesquero“.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han condenado a los dos acusados a 396 años de cárcel por 36 delitos de detención ilegal (11 años por cada marinero retenido), a cinco por robo con violencia, a dos por la comisión de un delito de asociación ilícita y a uno más por 36 delitos contra la integridad moral. Además, el tribunal absuelve a los acusados de los delitos de terrorismo, integración en banda armada, lesiones y torturas, que eran imputados por las acusaciones particulares, y les condena al pago de una indemnización de 100.000 € a cada tripulante por los daños morales que recibieron durante el secuestro y de otros 2.500 € por el dinero y efectos de los que se apropiaron los compinches que abordaron el atunero.
