El Congreso podría aprobar este martes una proposición de ley que obligue a las administraciones públicas a compensar, vía reducción de impuestos, lo que tarda en pagar a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y autónomos. En este momento las administraciones deben a estas pequeñas empresas más de 30.000 millones de euros, una circunstancia que hace que muchas de ellas tengan que despedir personal o, incluso, cerrar.
Los plazos de pago son cada vez más largos, siendo especialmente grave en el caso de los ayuntamientos, algo que también ha repercutido negativamente en la recaudación tributaria, en un volumen de más de 11.600 millones de euros en 2009.
