Su aprobación supuso un recorte drástico en los derechos civiles de la población y la puesta en marcha de detenciones arbitrarias y juicios políticos en los que los acusados rara vez tenían posibilidad de defensa jurídica. Hoy, 48 años después, el gobierno de Siria ha aprobado un proyecto para derogar la conocida como Ley de Emergencia y eliminar el Tribunal Superior de Seguridad del Estado, además de asegurar el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
La presión internacional y las protestas internas, con manifestaciones violentas en las que han muerto más de 30 personas en 48 horas y que comenzaron el mes pasado, forzaron la dimisión del Gobierno de Mohamed Nayi Otri, por lo que el nuevo presidente, Al Asad, se tomó la eliminación de esta norma como un compromiso personal de urgencia.
