Los últimos 250.000 cables difundidos por Wikileaks han hecho tambalear el sistema judicial español y su credibilidad, sobre todo tras las filtraciones que aseguraban que Estados Unidos manejó a España para que se cerrara el caso sobre la muerte del cámara de Telecinco José Couso sin condenar a los militares estadounidenses incriminados. Sin embargo, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que hace 16 días que se envió una comisión rogatoria a Estados Unidos para averiguar qué pasó realmente.
Las filtraciones de Wikileaks aseguraban que las autoridades judiciales y altos cargos del Gobierno español colaboraron con la diplomacia estadounidense para archivar el caso Couso, muerto en 2003 tras el ataque militar de Estados Unidos al Hotel Palestina de Bagdad, en el que se encontraba alojada la prensa que cubría la guerra de Irak. El ministro recordó que hay varios documentos que contradicen las acusaciones, como una carta de Moratinos al ex secretario de Estado norteamericano, Collin Powell, en la que pedía aclarar lo sucedido.
En los últimos seis años, el Gobierno español ha remitido tres comisiones rogatorias a EEUU y una cuarta a Irak para intentar que una comisión judicial se desplazara a la zona. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se desplazó en noviembre a Irak para reconstruir los hechos que rodearon la muerte del cámara de Telecinco.
