En total, 30 atuneros congeladores, 13 de ellos españoles, faenan en aguas del Índico. Todos con seguridad privada a bordo. Y eso supone tener que abonar al año una factura de un millón de euros. Una minuta que pagarán a medias los armadores y el Gobierno central y el vasco. La próxima medida, crear cámaras aisladas que permitan a la tripulación encerrarse en caso de ataque mientras no llegan los refuerzos.
La lucha contra la piratería en aguas de Somalia sigue dentro de la Operación Atalanta, que arrancó hace un año y que tras el balance entre productores y Ministerio de Defensa se considera aceptable. Sin embargo, España prevé redoblar esfuerzos ante el previsible aumento de los ataques piratas. Ahora el reto pasa por convencer a más países de que se sumen a esta operación para que colaboren de forma activa en la protección de los pesqueros de los esquifes.
Desde la puesta en marcha de la Operación Atalanta se han disparado las detenciones de piratas, unas 1.000 en el último año, se han destruido más de 100 esquifes y 20 barcos nodrizas. Y la seguridad privada parece tener mucho que ver: según datos de Defensa, de los 16 buques que en este momento se encuentran secuestrados en el Índico ninguno disponía de seguridad privada a bordo cuando fueron asaltados.
