JOSÉ MANUEL PENA/ Hay personas y familias enteras, principalmente de raza gitana, que malviven en chabolas e infraviviendas formando auténticos poblados de extrema marginalidad y creando una evidente exclusión social. La Administración Pública, desde hace algún tiempo, quiere acabar con estas situaciones, desmantelando los poblados chabolistas y realojando a esas familias en unas viviendas dignas de Promoción Pública.
En Galicia, concretamente en las provincias de Pontevedra y A Coruña, decenas de familias manifiestan su repulsa en contra el derecho de esas “otras familias” a poder disfrutar de una vivienda digna y de una mínima calidad de vida, acorde a los tiempos que vivimos. Algunos de los argumentos esgrimidos es que se puede trasladar de los poblados chabolistas la delincuencia y la venta de droga a sus barrios, creando peligro para sus hijos…, mientras tanto los hijos de esas familias que continúen malviviendo en la marginalidad.
Triste y vergonzoso que una vez que los poderes públicos quieran evitar la marginalidad, de una parte de los ciudadanos que no tienen medios suficientes ni la suerte de algunos, sean los propios vecinos los que se opongan al bienestar social de unos pocos a través de la insolidaridad y esgrimiendo argumentos xenófobos y poco humanitarios.
La Administración tiene que cumplir con su obligación, amparando siempre a los que menos tienen y apoyando el bienestar social universal, sin distinción de edad, clase social o raza. Por su parte los vecinos tenemos que acostumbrarnos a vivir con nuestros semejantes con el respeto y consideración que se merecen si queremos que ellos también nos respeten. Si hay algunas personas que venden estupefacientes deben ser las autoridades policiales y judiciales las que hagan cumplir la Ley, pero no culpar a todo un colectivo.
