Lo de cotillear el móvil ajeno, además de estar muy feo, es un delito. Concretamente vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones. Tan es así que el Tribunal Supremo anuló la condena de tres años de prisión que la Audiencia Provincial de Valencia impuso a un presunto traficante de drogas ya que la Guardia Civil utilizó como prueba de cargo los mensajes que guardaba en su teléfono móvil, a los que accedió sin autorización judicial.
El alto tribunal considera probado que los agentes que detuvieron al presunto traficante examinaron “con fines incriminatorios” los mensajes de texto que había almacenados en su teléfono, y cuyo contenido fue utilizado después por la Audiencia Provincial de Valencia para condenarle por un delito de tráfico de drogas.
Los hechos datan de 2006, cuando un ´colaborador´ del traficante ofreció droga a un grupo de guardias civiles que se encontraban de paisano en las fiestas patronales de Utiel. Los agentes decidieron vigilar al ‘colaborador’ cuando a pocos metros, detectaron la presencia de una segunda persona que, al parecer, era el proveedor de la cocaína que vendía el primero.
Al ser sorprendido, el narcotraficante ahora absuelto, emprendió la huida y se deshizo de la droga que portaba tirándola a unos matorrales. Pese a ello, los agentes encontraron entre los arbustos una bolsita que contenía 11,14 gramos de cocaína y en el interior de su vehículo varias papelinas de la misma droga y dinero en efectivo.
Asimismo, la Guardia Civil también intervino al detenido un teléfono móvil, en cuya memoria había almacenados diversos mensajes de texto. El juez ponente de la sentencia, Perfecto Andrés Ibáñez, consideró que los agentes que inspeccionaron el teléfono vulneraron el derecho al secreto de las comunicaciones, al acceder a su contenido sin una orden del juez.
