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Comarcas Galicia

Los afectados por la Plisan levantan 6 meses de encierro

Una de las ocasiones en las que se vistieron de cobradores del frac.
Una de las ocasiones en las que se vistieron de cobradores del frac.

Horas de limpieza general del local en el que llevaban seis meses encerrados ha sido la antesala del abandono de los Afectados de la Plisan de las instalaciones de la Casa Consistorial de Salvaterra. A las 00 horas salían por la puerta del Concello dejando atrás muchas horas de ocupación del salón de plenos, al que le han dado hasta cera para que no digan que lo «dejan todo destrozado».

Han sido muchas horas de charla, de paseos por las instalaciones, de juegos de cartas y, sobre todo, de reivindicaciones. Unos derechos que reclamaban también fuera de las paredes del Concello persiguiendo a los políticos vestidos como si fueran los cobradores del frac o con caceroladas para «hacer ruido». Incluso pasaron fin de año todos juntos, como una gran familia, en el mismo lugar en el que estaban ‘acampados’. Ahora se van, pero es sólo «un repliegue provisional para reponer fuerzas y volver en el momento oportuno», una retirada técnica que no implica que vayan a dejar de luchar.

Deudas que pagar

Y se van recordando que la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves (Plisan) tiene deudas que pagar, no sólo a ellos: Mitsubishi lleva 14 meses esperando para cobrar los 7,7 millones de euros de los derechos mineros. Un conflicto que los afectados aprovecharán para exigir una indemnización y presentar todos los recursos necesarios para cobrar «lo que la Xunta nos debe». «Non estamos contra o progreso, pero non pode ser a costa dos nosos dereitos. A nova Xunta non respectou os nosos dereitos e ten sido completamente xorda ás nosas reivindicacións. Ao mellor é por ter reclamado en galego, así que se temos que escribir a carta en xaponés imos a facelo», aseguran.

Los afectados escribirán una carta a la multinacional Mitsubishi para ponerla en antecedentes de las reclamaciones y de su intención de pedir medidas cautelares ante los tribunales para que se paralicen las obras y los servicios.

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