La concejala de Facenda contrató los servicios de un colega de la Universidad con el que había colaborado en algunos trabajos para que realizase varios informes por los cuales el Concello pagó un total de 59.914 €. Esto ha denunciado hoy el grupo municipal del Partido Popular. Su portavoz Chema Figueroa y el responsable de Economía del mismo, Jorge Conde, presentaron varios documentos en los que acreditan que Raquel Díaz encargó a la empresa Consuljamegalega S.L., con sede en Pontevedra y cuyo administrador único es José Antonio Pérez Gómez, al menos tres informes desde diciembre de 2008 hasta la actualidad.
El primer trabajo se pagó 14 días después de constituirse la empresa
El primero de ellos se realizó en relación con Vigo Recicla y por el mismo Consuljamegalega S.L. presentó el día 17 de diciembre de 2008 una factura de 10.440 €. El segundo tiene que ver con el pliego de condiciones administrativas para el contrato de bancos y bebederos, por el cual la mencionada firma cobró en diciembre de 2009 la cantidad de 18.700 €; y el tercero fue para la realización de un informe adjunto al Plan Económico Financiero 2010-2012 por el cual el Concello de Vigo abonó 20.774 €.
El asunto no habría pasado de ahí, aseguraron los representantes populares, si no fuese porque la mencionada sociedad fue creada el 3 de diciembre de 2008, con un capital social de 3.050 € (el mínimo exigido para fundar una sociedad limitada), 14 días antes de que se pasase la primera factura al Concello, que aparece numerada como 1/2008. Esto supone que es la primera que emitió Consuljamegalega S.L. que, en diciembre de 2009, y por la asesoría para el pliego de contrato de bancos y bebederos, emitió la factura 1/2009, lo que significa que ese estudio es el primero que cobraba ese año, a pesar de estar en el último mes del mismo.
Figueroa y Conde mostraron, además, un trabajo de investigación realizado por Raquel Díaz y José Antonio Pérez y firmado por los dos, que les fue encargado por la Autoridad Portuaria cuando Abel Caballero era presidente de la misma, lo que, como aseguraron, “documenta la relación no sólo entre ambos, como compañeros en la Universidad, sino con el alcalde cuando este dirigía el Puerto”. Asimismo, los ediles populares señalaron que estos estudios pueden ser realizados “perfectamente y con garantías” por los técnicos municipales y criticaron que la concelleria de Facenda recurriese a esta asesoría externa “que en el caso del Plan Económico Financiero no pasa de un corta-pega por el cual se pagaron casi 21.000 €”, sino que “encima” se haya encargado a una empresa que “tiene su sede social en Pontevedra”.
El PSOE rechaza el amiguismo y pide a Figueroa que diga qué se llevó por Finca do Conde
Estas acusaciones fueron rebatidas por el portavoz del grupo municipal socialista quien mostró su sorpresa por las mencionadas acusaciones al tiempo que aseguró que “el señor Figueroa no es el más adecuado para hablar de estos temas ya que no tiene autoridad moral después del pelotazo que dio en Finca do Conde”. Carlos López Font pidió al portavoz popular que explicase “qué se llevó a cambio de dar esas licencias” y aseguró que el gobierno local actuaba siempre dentro de la legalidad.
Respecto a la amistad entre el administrador de Consuljamegalega S.L. y la concejala de Hacienda, Font indicó que José Antonio Pérez es un “excelente profesional” al que se acudió por su valía, rechazó que hubiese amiguismo y aseguró que “nunca vamos a impedir que alguien pueda trabajar para este ayuntamiento por el hecho de que sea amigo de un miembro de su Corporación” .
