De los 70 enfermos que había en el Hospital de la Cruz Roja sólo quedan siete. La mayoría, como denunciaron hoy sus familiares y los miembros del Comité de Empresa del hospital, fueron obligados a aceptar traslados “algunos permisos se obtuvieron cogiéndoles sólo la huella digital” a Ourense, Verín, Lugo “incluso León”. Así lo aseguraron esta mañana durante una rueda de prensa que tuvo que celebrarse en el exterior del edificio pues la ONG ha contratado a un vigilante jurado que ha impedido que las declaraciones se hiciesen en el interior del inmueble.
Los familiares de los enfermos que quedan, , “a tres de ellos los trasladan hoy”, advirtieron que no se moverán del hospital hasta que el Servicio Galego de Saúde les garantice “por escrito” que los pacientes permanecerán en la ciudad. Entre las dos personas que se niegan al traslado está una joven que permanece en estado vegetativo tras sufrir un accidente de circulación y un hombre aquejado de una enfermedad degenerativa, cuyos parientes aseguraron que no están dispuestos a admitir que los lleven a residencias de la tercera edad “como ha pasado en otros casos”.
Según detallaron a uno de los enfermos “lo llevaron a la residencia El Pinar, pero sin garantías de que el SERGAS se haría cargo de los costes de su estancia allí que cuesta 2.400 € al mes” una cantidad que ninguno puede asumir y que Sanidade no se ha comprometido a pagar. La situación es especialmente preocupante ya que, como indicaron los representantes de los trabajadores, el hospital podría cerrar definitivamente el miércoles, día 7, fecha en la que se reunirán con uno de los representantes de la ONG y en la que “esperamos la carta de despido”.
La Xunta ha transferido fondos para que el centro funcione hasta diciembre
El abogado de las familias indicó que el hospital de Vigo es el único centro socio-sanitario de Galicia y aseguró que la Xunta ha sufragado su funcionamiento hasta diciembre de este año, por lo cual no entiende la prisa de Cruz Roja para cerrarlo salvo que, como han declarado en numerosas ocasiones los trabajadores, lo quiera para otros fines. Estos serían el traslado de las oficinas que actualmente tiene en la rúa Ecuador, a este lugar, lo que le permitiría vender aquel local. Sin embargo el alcalde ya se ha comprometido a impedir dicha operación puesto que la clínica está en terrenos cedidos por el Concello de Vigo para ese fin, por lo cual, si el mismo, no se respeta, exigirá la devolución de los mismos ala ciudad.
Encerrados desde esta noche
En medio de esta situación, los trabajadores aseguran que el centro no sólo es viable, sino que exigen que se constituya un consorcio entre la Cruz Roja, Servicio Galego de Saúde y Concello para gestionarlo y por ello, desde esta noche se encerrarán en el mismo “y tendrá que venir la Policía a sacarnos por la fuerza”. Además, se preguntan cómo es posible que con un Expediente de Regulación de Empresa (ERE) abierto, Cruz Roja haya contratado el pasado viernes santo a un vigilante jurado cuya función es “evitar a toda costa que entren los medios de comunicación y vean cómo está todo por dentro”. Los primeros en ser “censurados” fueron, según indicaron, un equipo de Informativos Tele 5 y otro del programa ’España Directo’ de Televisión Española, a los cuales no se dejó acceder al interior del edificio.
