El Concello exigirá legalmente a la Xunta que asuma la construcción de la nueva depuradora. El alcalde recordó hoy que el gobierno autónomo tiene la competencia en medio ambiente y que es su obligación ejecutar esta obra para cumplir con las leyes medioambientales. Abel Cabalero advirtió al responsable de la Conselllería de Infraestructuras y Medio Ambiente que “este es el último aviso” y que si no se pone ya manos a la obra irá a los tribunales para que sean estos quienes obliguen al ejecutivo de Feijóo a ejecutarla.
No es tan fácil
Según especialistas en esta materia consultados por vigoalminuto, el proceso no sólo sería largo sino que es posible que no se admitiese a trámite si se comprueba que la consellería tiene prevista dicha inversión en los presupuestos para este año. Además, según ha especificado uno de los abogados consultados por esta redacción, habría que tener en cuenta qué porcentaje de inversión está obligada a asumir la Xunta, qué plazos legales tiene para ello o los acuerdos a los que haya llegado con el Concello.
Asímismo, también es cuestionable que sea posible el ‘traspaso’ de multas de una administración a otra, como aseguraron la senadora Carmela Silva y el conselleiro Agustín Hernández, quienes declararon que los 20 millones que tendría que pagar es Estado Español en concepto de sanción de la UE por la falta de saneamiento de los vertidos que llegan a la Ría, pudiesen ser ‘pasados’ del Gobierno central al Autonómico y de este al ayuntamiento. “Hacerlo de esta manera no sería factible, habría que recurrir a otra forma, como una reducción en las transferencias que se hacen a la comunidad y de ésta las entidades locales, algo que se rige por acuerdos y convenios que no es tan fácil ignorar”, aseguran los especialistas.
Además, en el caso de que el Concello de Vigo acudiese a la justicia “¿cuál sería el fondo del litigio?, ¿la construcción de la depuradora? ¿el compromiso de hacerlo en un plazo determinado?, ¿la consignación de una cantidad?”, causas todas ellas “de difícil planteamiento” ya que no se refieren a conflictos competenciales en sí. Algún abogado apunta la posibilidad de que sea el Concello el que asuma la parte de inversión de la Xunta y que luego reclame la misma, algo que “habría que considerar si la corporación local tiene competencia para acometer dicha obra”.
