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El Pleno del Concello decide ilegalizar Finca do Conde

Finca-do-CondeQuince minutos. Se debatió más sobre un paso de cebra hace unos meses que para decidir hoy en un pleno extraordinario la suspensión de las licencias de Finca do Conde. En un cuarto de hora, los concejales, que suelen prolongar las reuniones de la Corporación durante interminables horas, aprobaron la ilegalización de este ámbito que puede tener consecuencias imprevisibles para las arcas municipales. Votaron a favor nacionalistas y socialistas y se abstuvieron los populares.

Desde que se conoció la sentencia definitiva sobre este asunto, el pasado 11 de diciembre, y que podrían obligar al Concello a hacer frente a indemnizaciones de más de 300 millones de euros, este ha sido un tema recurrente de discusión entre el gobierno local y la oposición. Aquel responsabiliza a la gestión de Corina Porro de tal irregularidad, mientras los populares aseguran que actuaron de acuerdo con la legalidad.

Lo cierto es que el alcalde, que ha sostenido que las licencias se concedieron “de mala fe y sabiendo que era contrarias a los informes jurídicos”, nunca ha mostrado los mismos, mientras que los populares sí han sacado aquellos que decían que obraban conforme a la ley. Entre ellos el de  24 de noviembre de 1999 , un dictamen vinculante del Consello Consultivo, que recibió el gobierno local, al frente del cual estaba el nacionalista Lois Pérez Castrillo, en coalición con el PSOE, en el que se autorizaba a continuar con la tramitación del expediente de Finca do Conde. También el acuerdo plenario unánime de 3 de diciembre del mismo año que acordó no declarar la nulidad del PEPRI Finca do Conde.

¿Qué pasará ahora? La verdad es que nadie se atreve a decirlo. Detrás están más de 200 propietarios y del Centro Comercial Gran Vía, que compraron sus pisos y abrieron sus comercios confiando en que todo estaba de acuerdo a la ley y que, según ha dicho el Tribunal Supremo, deben ser indemnizados si, finalmente, hay que tirar los inmuebles. Al margen están la supervivencia económica del Ayuntamiento que no puede hacer frente a una indemnización de tal cantidad sin comprometer las inversiones de los próximos 18 años.

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