Los plazos se acortarán a la mitad. Esta es la intención del decreto que regula el cobro de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, y que entra hoy en vigor. El mismo establece una reducción del tiempo de tramitación de doce a seis meses para evitar una excesiva burocratización, para lo cual se utilizarán medios informáticos, electrónicos y telemáticos y se da a los concellos un papel esencial ya que serán ellos los que inicien las solicitudes de valoración.
Desde hoy tiene prioridad absoluta la atención a los solicitantes con un grado de dependencia más elevado, y no por orden de presentación de las solicitudes, se sistematizan los pagos y se regula un procedimiento para casos de emergencia que contempla situaciones de malos tratos, grave deterioro físico o psíquico, así como el desamparo.
