Una “oposición masiva” a la fusión de las cajas. Eso es lo que ha comenzado a percibir Abel Caballero de los agentes sociales. El alcalde asegura que hay una “demanda clamorosa” para que Caixanova siga siendo viguesa y que todas las personas con las que ha hablado le han dicho que debe seguir siendo independiente y con sede en Vigo. Caballero indicó que la ciudad ve este proceso como una agresión, aunque informó que seguirá reuniéndose con más entidades para asegurarse de que su sensación es correcta.
No están todas las fuerzas vivas
Hasta ahora el alcalde ha acudido a una comida informal a la que había sido invitado por la Cámara de Comercio hace varias semanas y se ha reunido, siguiendo una agenda planificada con muchos días de anticipación, con responsables del Colegio de Arquitectos y de los abogados de la ciudad, pero vigoalminuto ha constatado que no ha contactado con los otros dos grupos políticos municipales, los diputados y senadores que representan a la ciudad en los Parlamentos español y gallego, claustro de la Universidade, delegada de la Xunta en Vigo, sindicatos, asociaciones vecinales, responsables de la Autoridad Portuaria y de Zona Franca o gerentes de grandes empresas como Citroen o Pescanova.
Liderará la oposición a la fusión
Pese a ello, Caballero, señaló que la ciudad viguesa quiere que sea el Concello el que se oponga a la cabeza de la oposición a la fusión, reiteró que el presidente de la Xunta está ejerciendo una tremenda presión sobre Caixanova y se distanció de la posición de su partido asegurando que “de eso tendrá que responder el Partido Socialista, yo actúo como alcalde de Vigo”.
Lucía Molares asegura que Caballero ha adoptado una actitud “peligrosa”
La delegada de la Xunta en Vigo aseguró que la postura del alcalde sobre este tema es “peligrosa para los intereses de la ciudad, especialmente cuando se está buscando un consenso entre los partidos políticos y los agentes sociales”. Lucía Molares lamentó que en un tema de tanta importancia no guarde la prudencia necesaria, que no sólo ha sido pedida por los responsables financieros estatales, sino por los grupos parlamentarios “incluido el socialista” y señaló que “los ciudadanos, que son los que dan y quitan la confianza a los representantes públicos, tomarán nota y valorarán este comportamiento”.
