JOSÉ MANUEL PENA/ Hay quien piensa que el medio ambiente es el primer derecho humano, quizás por eso las cuestiones relativas a los derechos humanos y al medio ambiente están íntimamente unidas. Muchos son los ejemplos: cada año, proyectos de construcción de carreteras y presas desplazan a más de diez millones de personas de sus hogares, y los países industrializados exportan millones de toneladas de residuos peligrosos a sus vecinos más pobres. Otros innumerables proyectos subvencionados por gobiernos o empresas amenazan a centenares de comunidades de todo el mundo. En el caso del Amazonas brasileño, la decisión del gobierno de reservar una parte de la selva tropical para uso de los caucheros ha contribuido a proteger sus derechos humanos y ha fomentado prácticas de desarrollo sostenible.
La mayoría de los grupos ecologistas actuales reconocen cada vez más que una de las mejores formas de garantizar el disfrute de los derechos medioambientales colectivos consiste en defender los derechos políticos y civiles básicos del individuo. Si los ecologistas y los defensores de los derechos humanos unen fuerzas a niveles regionales e internacionales, juntos podrían idear programas de conservación y desarrollo. También podrían convencer a los dirigentes políticos de que incluyesen en la legislación internacional el derecho de toda persona a un entorno sano y saludable.
Sin duda alguna proteger los derechos básicos de las personas más vulnerables a las injusticias ecológicas, quizás pueda asegurar el derecho de futuras generaciones a heredar un planeta más habitable, evitando así que los países industriales sean responsables de más del 90 por ciento de los 360 millones de toneladas métricas de residuos peligrosos producidos mundialmente cada año.
