A.I. | vigoalminuto
El Concello de Vigo tendrá que pagar 4.583.632,93 euros a la Autoridad Portuaria por incumplir las obligaciones de mantenimiento que había asumido en el convenio Abrir Vigo al Mar. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar al organismo portuario por el coste de las obras que tuvo que ejecutar para reparar y recuperar los espacios públicos incluidos en aquel acuerdo, entre ellos la zona del paseo de As Avenidas que se desplomó durante el festival O Marisquiño en agosto de 2018.
La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por la Autoridad Portuaria y obliga al Gobierno de Abel Caballero a abonar esa cantidad, además de los correspondientes intereses legales. El fallo considera probado que el Ayuntamiento incumplió los compromisos de conservación que había adquirido y que ese abandono obligó al Puerto a asumir unas reparaciones que no le correspondían.
La resolución judicial supone un nuevo revés para el Concello en un conflicto que se arrastra desde hace años y que terminó rompiendo uno de los acuerdos institucionales que transformaron el frente marítimo de Vigo. El Ayuntamiento tendrá que responder ahora económicamente por unas actuaciones que el Puerto decidió acometer ante el deterioro de las instalaciones.
La factura de O Marisquiño y de As Avenidas
Todo se remonta al acuerdo firmado a finales de 1992 entre el Concello, Zona Franca y lo que entonces era la ‘Junta de Obras del Puerto’ -precursora de lo que es la Autoridad Portuaria- mediante el cual se desarrolló el proyecto Abrir Vigo al Mar, cuyo objetivo era abrir a la ciudadanos el frente marítimo.
Las bases del convenio establecían que el Ayuntamiento asumía, durante 50 años -es decir hasta 2042- la conservación tanto los terrenos portuarios como el área que se había urbanizado.
Pues bien, el TSXG considera que esa obligación no se cumplió. Cuando se extinguió el acuerdo -, los espacios que debían devolverse al Puerto presentaban un importante deterioro, con instalaciones degradadas y elementos que necesitaban ser reparados o repuestos.
Entre las actuaciones más importantes figura la reconstrucción de la zona del paseo marítimo que colapsó durante O Marisquiño, un accidente que dejó 467 heridos y que convirtió el mantenimiento de aquella infraestructura en uno de los principales focos de enfrentamiento entre las dos administraciones.
La reclamación incluye también la reposición del pavimento de As Avenidas y las reparaciones realizadas en la Praza da Estrela. La Autoridad Portuaria tuvo que asumir los trabajos para devolver estos espacios a unas condiciones adecuadas y reclamó posteriormente al Ayuntamiento el coste de las intervenciones.
El tribunal desmonta las alegaciones municipales
El Concello se opuso a pagar la liquidación y cuestionó tanto el procedimiento administrativo como los importes reclamados. Sin embargo, los magistrados rechazan sus argumentos y consideran que el Puerto respetó las garantías de audiencia, defensa y contradicción durante la tramitación del expediente.
La sentencia también descarta que el Ayuntamiento haya acreditado que las cantidades reclamadas fueran incorrectas – como publicó vigoalminuto, la Autoridad Portuaria presentó la documentación justificativa de las obras y de sus costes, mientras que el Concello no aportó una valoración económica alternativa que las desmintiera-.
Además, la liquidación dejó fuera expresamente las actuaciones que suponían mejoras y no trabajos de conservación y todas aquellas que no debían formaban parte del mantenimiento.
La Sala recuerda que las sentencias dictadas por el propio TSXG en 2022 acreditaban la resolución del convenio por el incumplimiento del Ayuntamiento y establecían que debía realizarse una liquidación administrativa para determinar las cantidades pendientes.
A aquel revés para el Gobierno local de suma esta nueva sentencia que condena al Concello a indemnizar al Puerto con más de 4,58 millones de euros.
Esto es importante: el fallo todavía no es firme y el Ayuntamiento aún puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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