
María L. García | vigoalminuto
El Gobierno volverá a aprobar este martes los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el viernes. La operación busca recuperar al menos una de las normas, la que protege a las personas vulnerables frente a los desahucios, aprovechando que la disolución de las Cortes tras el adelanto electoral cambia la composición de la votación: esta vez será la Diputación Permanente y Junts ya no tendrá la llave.
El Ejecutivo aún no ha encajado la fórmula jurídica todavía, de manera que los decretos podrían aprobarse con la misma redacción o con cambios, pero el objetivo es que vuelvan a entrar en vigor y sean sometidos después a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria durante la disolución de las Cortes.
Junts ya no hace falta
La aritmética favorece al Gobierno en ese órgano. La Diputación Permanente está formada por 69 miembros y necesita 35 votos para alcanzar la mayoría absoluta. PSOE y Sumar cuentan con 31, por lo que necesitan cuatro apoyos adicionales. El primer decreto ya tenía el respaldo del PNV y podría reunir también los votos de EH Bildu, ERC y Podemos. Con esa combinación, el rechazo de Junts sería irrelevante.
Ese primer decreto, el «decreto Maricarmen», contiene el llamado escudo antidesahucios para personas en situación de vulnerabilidad. Fue rechazado el viernes en el Congreso junto al segundo paquete de medidas, que incluía la conversión en permanentes de los contratos de alquiler.
El segundo decreto tiene, en cambio, un camino mucho más complicado. El PNV no lo respaldó en el Congreso y su voto resulta necesario para alcanzar los 35 apoyos en la Diputación Permanente, por lo que previsiblemente no podrá ser convalidado en este nuevo intento.
El adelanto electoral no impide al Ejecutivo aprobar nuevos reales decretos-ley. El Gobierno mantiene sus plenas atribuciones hasta la celebración de las elecciones y, una vez disueltas las Cortes, corresponde a la Diputación Permanente decidir sobre su convalidación dentro del plazo constitucional. El Reglamento del Congreso establece expresamente que este órgano puede votar la convalidación o derogación de los reales decretos-ley.
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