Carlos Díaz | vigoalminuto
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará los cambios normativos necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria. El objetivo es que las mujeres puedan acceder a este método directamente en los centros de salud, con información y seguimiento sanitario antes, durante y después del procedimiento.
García ha avanzado la medida durante la inauguración, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, del acto Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso. La propuesta pretende modificar la regulación que determina qué centros sanitarios pueden realizar esta prestación y permitir que el método farmacológico no quede limitado al ámbito hospitalario.
Para ello, el Ministerio de Sanidad prevé iniciar los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en la interrupción voluntaria del embarazo, con el fin de permitir su utilización fuera del entorno exclusivamente hospitalario. El departamento asegura que está trabajando con las comunidades autónomas en esta reforma.
“Queremos que las mujeres puedan acceder a él a través de sus centros de salud”, ha señalado García, que ha defendido un modelo con profesionales preparados y acompañamiento durante todo el proceso. La ministra sostiene que el cambio permitiría evitar desplazamientos y facilitaría la continuidad asistencial.
Diferencias entre comunidades
La ministra también ha reclamado a las comunidades autónomas que garanticen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. García ha defendido que la objeción de conciencia debe estar organizada para evitar que se convierta en un obstáculo para la prestación.
El Ministerio de Sanidad ha documentado importantes diferencias territoriales en el acceso al aborto dentro de la sanidad pública. En 2024, el 21,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos, frente al 78,75% en centros privados.
Galicia se situó entre las comunidades con mayor proporción de abortos realizados en la red pública, con el 77%, mientras que Madrid registró un 0,47%.
Los datos también muestran diferencias en el recurso al método farmacológico. En 2024 se registraron 34.092 interrupciones mediante mifepristona en España. En total, los métodos farmacológicos sumaron 33.105 casos cuando se contabilizan según el criterio estadístico utilizado por el Ministerio para las IVE farmacológicas sobre el total, un 31,18%. Galicia alcanzó el 68,08% y Cantabria el 86,37%, mientras que Madrid se quedó en el 4,07%.
En el conjunto de 2024 se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, un 2,98% más que el año anterior. El 94,62% se realizó a petición de la mujer.
Igualdad plantea reforzar la información
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido por su parte la necesidad de reforzar las garantías del derecho al aborto y mejorar la información que reciben las mujeres para que puedan tomar sus decisiones sin tutelas ni paternalismo.
El Ministerio de Igualdad trabaja además en un decreto orientado a reforzar esa información y el acceso efectivo a la prestación.
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