7.788 menores desaparecieron en España en 2025

España registró 25.086 denuncias por desaparición en 2025, correspondientes a 16.024 personas cuyo paradero se desconocía, según los últimos datos del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). La cifra supone un descenso del 5% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 26.419 denuncias.

El dato mantiene, sin embargo, una dimensión especialmente relevante entre los menores. En 2025 se registraron 7.788 desapariciones de menores, según las cifras difundidas a partir de los datos del CNDES. Casi la mitad de las personas desaparecidas —el 48,6%— eran menores de edad.

La estadística de denuncias requiere una precisión importante: una misma persona puede generar más de una denuncia, por lo que el número de denuncias no equivale necesariamente al de menores diferentes desaparecidos.

La mayoría de los casos se concentra además en la adolescencia. Los jóvenes de entre 13 y 17 años representan el 96,3% de las denuncias relacionadas con menores, con 14.822 registros, según los datos facilitados. En muchos de estos casos se trata de fugas voluntarias, vinculadas a conflictos familiares o a decisiones de los propios adolescentes de abandonar temporalmente su domicilio.

En menores de 12 años se contabilizaron 567 denuncias, el 3,7% del total correspondiente a menores.

Madrid encabeza las denuncias

Por territorios, Madrid fue la provincia con más denuncias por desaparición de menores en 2025, con 2.726 casos. Le siguieron Las Palmas, con 1.849; Valencia, con 796; Alicante, con 754; Santa Cruz de Tenerife, con 732; Baleares, con 697, y Barcelona, con 670.

El volumen de casos es especialmente elevado en algunos territorios insulares. En Las Palmas, el 82,6% de las denuncias por desaparición correspondieron a menores, de acuerdo con los datos difundidos.

En el extremo contrario aparecen provincias con cifras mucho menores en términos absolutos, como Teruel, con 20 denuncias, y Álava, con 11. Estas cifras no permiten, por sí solas, establecer que sean las provincias más seguras, ya que el número de desapariciones depende también de la población y de otros factores demográficos y sociales.

El verano aumenta el riesgo de perder de vista a los menores

Los meses de verano presentan algunas circunstancias que pueden favorecer las desapariciones accidentales de niños y adolescentes, especialmente en lugares con grandes concentraciones de personas. Las vacaciones modifican las rutinas familiares y aumentan el tiempo que los menores pasan fuera del domicilio, en playas, parques, fiestas, estaciones o zonas turísticas.

En estos escenarios, una separación momentánea puede producirse en cuestión de segundos. Por eso, las recomendaciones de prevención pasan por establecer puntos de encuentro, enseñar a los menores qué hacer si se pierden y actuar con rapidez cuando se detecta que un niño no está donde debería.

En los casos de adolescentes que se marchan voluntariamente del domicilio, el contexto es diferente. La desaparición puede estar relacionada con conflictos familiares, problemas personales o la decisión de permanecer temporalmente con amigos o conocidos. Aunque muchas de estas situaciones terminan resolviéndose en los primeros días, las primeras horas continúan siendo relevantes para la investigación y localización.

Las primeras horas son decisivas

Ante una desaparición, las autoridades recomiendan no esperar para denunciar. La idea de que es necesario aguardar 24 o 48 horas antes de acudir a la Policía carece de fundamento y puede retrasar actuaciones que resulten importantes para localizar a la persona.

La desaparición de un menor exige además valorar desde el primer momento sus circunstancias concretas, su edad, posibles riesgos, lugares habituales, relaciones personales y cualquier indicio que pueda orientar la búsqueda.

Las cifras de 2025 muestran que el fenómeno mantiene una dimensión considerable en España pese al descenso registrado respecto al año anterior. Y también evidencian que la desaparición de menores, especialmente durante la adolescencia, constituye una parte muy relevante de las denuncias que reciben cada año las fuerzas de seguridad.