Redacción | C. Díez
La decisión del Gobierno de prolongar hasta el 8 de junio de 2030 la autorización de funcionamiento de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) ha provocado una fuerte reacción de Greenpeace. La organización ecologista considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cedido ante las eléctricas y advierte de que la medida supone un retroceso para la transición energética española.
La autorización, publicada este viernes en el BOE, amplía la vida operativa de Almaraz I y Almaraz II y retrasa el cierre que estaba previsto inicialmente para noviembre de 2027 en el primer reactor y octubre de 2028 en el segundo. El Gobierno sostiene que la decisión está limitada a esta instalación y no modifica el calendario general de cierre del parque nuclear español previsto para 2035. También la justifica por el contexto de volatilidad de los mercados energéticos y la necesidad de reforzar la seguridad de suministro.
Greenpeace rechaza esos argumentos y sostiene que la prolongación responde fundamentalmente a los intereses económicos de las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— y no a una necesidad del sistema eléctrico. La solicitud de extensión fue presentada por las empresas en octubre de 2025 y recibió en julio de este año el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, condicionado al cumplimiento de determinadas exigencias de seguridad.
Para Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, la decisión constituye un «error histórico» y supone, a juicio de la organización, un golpe a la credibilidad de la política energética del Ejecutivo.
La organización ecologista también cuestiona el momento elegido para comunicar la decisión, a mediados de agosto, y denuncia una falta de transparencia. Greenpeace anuncia además que estudiará «todas las vías» a su alcance para intentar revertir la prórroga.
Un coste de 3.831 millones, según un informe encargado por Greenpeace
Uno de los principales argumentos económicos de Greenpeace procede de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya, encargado por la propia organización.
Según ese informe, prolongar durante tres años la actividad de Almaraz provocaría un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros para los consumidores en 2033 frente al escenario de cierre previsto. El análisis sostiene que ese efecto no se produciría necesariamente de forma inmediata, sino que se acentuaría a medio plazo por el freno a nuevas inversiones renovables.
El mismo trabajo calcula que la prórroga podría provocar una pérdida de hasta 26.129 millones de euros en inversiones en energías renovables y almacenamiento hasta 2033. Greenpeace utiliza estas cifras para defender que mantener abierta la central no abarataría estructuralmente la electricidad, sino que dificultaría el despliegue de tecnologías renovables.
Son, no obstante, estimaciones de un estudio encargado por Greenpeace, y no una previsión económica oficial del Gobierno.
El conflicto entre la nuclear y las renovables
La organización ecologista centra buena parte de sus críticas en el carácter rígido de la generación nuclear. Según Greenpeace, mantener Almaraz funcionando limita la capacidad de la red para incorporar nueva producción solar y eólica cuando existe suficiente generación renovable.
La organización cifra en 3,8 TWh anuales la energía renovable que actualmente se desaprovecha por las restricciones derivadas de esa rigidez y sostiene que el cierre de Almaraz permitiría reducir de forma inmediata los vertidos renovables en el entorno cacereño.
En esta línea, Greenpeace recuerda las conclusiones de un análisis de la Barcelona School of Economics que, según la organización, identifica una «paradoja nuclear»: mantener la flota nuclear actual puede dificultar el cumplimiento de determinados objetivos de despliegue renovable del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El Gobierno mantiene, sin embargo, que la prórroga de Almaraz es compatible con la política de transición energética y que su impacto sobre el despliegue renovable será limitado. Una estimación difundida por el Ministerio apunta a una reducción del 1,4% en la generación renovable prevista para 2030 y a un descenso del 7% en la utilización de ciclos combinados de gas.
Greenpeace cuestiona también el argumento de la seguridad de suministro
La otra gran discrepancia está en la necesidad de mantener Almaraz para garantizar la electricidad disponible en los próximos años.
Greenpeace sostiene que la central no constituye una solución adecuada para cubrir los momentos de mayor demanda debido a su limitada flexibilidad. La organización cita el Análisis Nacional de Cobertura de Red Eléctrica de octubre de 2025, que detectaba riesgos de cobertura superiores al estándar de fiabilidad de 1,5 horas anuales en 2028 y 2030.
Su conclusión es opuesta a la del Gobierno: para Greenpeace, esos episodios deberían afrontarse mediante una combinación de renovables, almacenamiento y flexibilidad del sistema, en lugar de prolongar la vida de una central nuclear.
El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la prórroga precisamente como una medida limitada destinada a reforzar la seguridad de suministro en un contexto internacional de elevada volatilidad energética. La autorización mantiene además las condiciones de seguridad exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear.
El temor a nuevas prórrogas
Greenpeace ve en la decisión un riesgo que va más allá de Almaraz. La organización advierte de que retrasar ahora el cierre puede generar un escenario de concentración de varios cierres nucleares alrededor de 2030 y convertirse posteriormente en un argumento para reclamar nuevas extensiones de vida útil.
En concreto, señala que en torno a 2030 podrían coincidir los cierres de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes, con unos 4.000 MW de potencia nuclear afectados.
«Prorrogar Almaraz es un golpe mortal a la credibilidad de la política energética española», sostiene José Luis García Ortega, responsable del Área de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, que reclama al Gobierno que mantenga el calendario pactado en 2019.
La organización insiste además en el impacto sobre Extremadura y considera especialmente perjudicial que el mantenimiento de la central pueda bloquear nueva capacidad renovable en la región.
El cierre nuclear vuelve al centro del debate
La prórroga de Almaraz ha reabierto así una discusión que parecía encauzada en torno al calendario pactado para el cierre progresivo de las centrales españolas. El Gobierno asegura que la decisión afecta exclusivamente a Almaraz y que el horizonte de cierre completo del parque nuclear continúa fijado en 2035.
La decisión, sin embargo, ha provocado críticas también dentro del espacio de apoyo parlamentario al Ejecutivo. Sumar ha rechazado la extensión y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de coalición de 2023, mientras que el PP, Vox y representantes extremeños han valorado positivamente la continuidad de la central.
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