La reclamación económica de Abel Caballero a la Diputación de Pontevedra ha cambiado de dimensión en apenas unas semanas. El alcalde de Vigo ha pasado de exigir a la institución provincial 85 millones de euros al año a reclamar ahora una cantidad que sitúa entre 200 y 250 millones de euros, utilizando como argumento el peso poblacional de Vigo dentro de la provincia.
La nueva cifra sale del cálculo que hace el alcalde de los datos esgrimidos este martes por el presidente provincial, Luis López, de acuerdo con los cuales la Diputación ha invertido 600 millones de euros en los ayuntamientos de la provincia desde 2023. A juicio de Caballero, «teniendo en cuenta que Vigo representa una tercio de la provincia: nos corresponden 200 millones».
Sin embargo, Abel Caballero, que hace casi 20 años que es alcalde, que antes fue ministro y profesionalmente es catedrático de la Universidad de Vigo, para lo cual se doctoró en Economía, sabe que su argumentación no es cierta.
La realidad es que las diputaciones no se financian mediante aportaciones directas de cada ayuntamiento ni tienen la obligación de devolver a cada municipio una cantidad equivalente a lo que supuestamente genera.
Su financiación procede principalmente de la participación en los tributos del Estado, transferencias, convenios, subvenciones e ingresos propios, con un reparto que no depende únicamente de la población, sino también de factores como la superficie provincial, la dispersión territorial o la atención a los municipios con menor capacidad económica y técnica.
Un cambio de criterio según quién gobierna la Diputación
Asimismo, la exigencia actual también abre un debate político sobre la coherencia del discurso del alcalde de Vigo. Durante el mandato de la socialista Carmela Silva al frente de la Diputación de Pontevedra -entre 2015 y 2023- Abel Caballero no reclamó públicamente una aportación anual de 85 millones de euros ni planteó una exigencia económica similar para la ciudad.
La ofensiva contra la institución provincial se intensificó especialmente tras el cambio de gobierno en la Diputación, ahora en manos del Partido Popular con Luis López como presidente, convirtiendo la financiación provincial en uno de los principales puntos de confrontación política entre ambas administraciones.
La Diputación no funciona como una ‘cuota’ por población
El argumento del alcalde parte de dividir la inversión provincial entre el peso demográfico de Vigo, pero Abel Caballero sabe que ese criterio no es el que establece la normativa para las diputaciones.
La función principal de estas instituciones es prestar asistencia y cooperación a los ayuntamientos, especialmente a aquellos con menos recursos, garantizando servicios que muchos municipios pequeños no podrían asumir por sí solos.
Por ello, una distribución basada únicamente en habitantes beneficiaría principalmente a las grandes ciudades y dejaría en segundo plano el objetivo para el que fueron creadas las diputaciones: equilibrar territorialmente la provincia.
El debate no es solo económico, sino de modelo provincial
La discusión entre Vigo y la Diputación no gira únicamente sobre una cifra concreta, sino sobre dos modelos diferentes. Caballero defiende que el peso económico y poblacional de Vigo debe traducirse en una mayor inversión directa. La Diputación defiende que sus recursos deben atender al conjunto de la provincia y priorizar a los municipios con menor capacidad.
La cuestión de fondo es si una diputación debe funcionar como una administración de reparto proporcional por población o como una institución de cooperación territorial. La legislación actual apuesta por la segunda opción.
En cualquier caso, el alcalde de Vigo ha esgrimido uno solo de los datos que expuso el presidente de la Diputación: los 600 millones invertidos en los 61 concellos de la provincia en los últimos tres años…pero no ha rebatido otro dato apuntado por Luis López: que la Diputación tiene comprometidos 56 millones de euros en la ciudad, con actuaciones como la construcción de la nueva grada de Gol -13,15 millones-, la piscina de Teis -5 millones– o la rehabilitación del Cine Fraga -10,2 millones-; 6.245.866,88 €, asignados a Vigo durante el mandato anterior y que estaban a punto de perderse tras el retraso en su ejecución, por parte del Ayuntamiento; 6 millones más del convenio de 2024.
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