La silla del Ayuntamiento de Vigo quedó vacía hoy en la comisión de seguimiento del convenio de Finca Matías. Ningún representante municipal acudió a la reunión convocada para abordar la situación de un proyecto que debía avanzar hacia su ejecución definitiva, pero que ahora está pendiente de una prórroga administrativa para mantener la financiación comprometida que no es una cantidad desdeñable: casi 2.600.000€.
Al encuentro, celebrado en la sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo, sólo se presentaron la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez; la diputada de Cooperación Local, María Ramallo, y personal técnico de la institución. La ausencia de representantes municipales dejó sin respuesta esta pregunta ¿cuál es la causa del retraso acumulado en la actuación?
Un convenio firmado hace año y medio
El convenio firmado por Concello y Diputación, firmado en diciembre de 2024, fijaba una inversión total de 3,25 millones de euros, con una aportación provincial de 2,58 millones —el 79% del presupuesto— y una contribución municipal de 668.000 euros. Asimismo, establecía además que las obras debían estar finalizadas en septiembre de este año, un plazo que ahora condiciona la necesidad de prorrogar el acuerdo.
La controversia se produce apenas dos días después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, colocase la primera piedra del proyecto en un acto al que no se convocó de manera general a los medios de comunicación.
Esa imagen de esa primera piedra se ha convertido en el centro del debate político sobre una obra que, según los representantes provinciales, apenas ha comenzado a pesar de que el calendario previsto situaba su finalización a corto plazo. Desde la Diputación lamentan que, hasta ahora, la única piedra colocada en Finca Matías ha sido precisamente la primera.
Compromiso sólido
La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, aseguró tras la reunión que mantiene su compromiso sólido con el proyecto y que seguirá los procedimientos legales necesarios para conservar los fondos comprometidos. A su juicio, la demora obliga al Ayuntamiento a justificar los motivos del retraso para poder tramitar la prórroga del convenio.
«Esta Diputación de Pontevedra es seria y seguirá invirtiendo en la ciudad«, afirmó, defendiendo la responsabilidad institucional de la administración provincial ante un proyecto que considera relevante para Vigo.
El caso vuelve a situar en primer plano la tensión entre el Gobierno municipal y la Diputación, dos instituciones gobernadas por partidos diferentes. Sánchez acusó al alcalde de actuar por criterios políticos y reclamó que las diferencias entre administraciones no bloqueen inversiones previstas para la ciudad.
La tramitación de la prórroga del convenio será ahora el siguiente paso para intentar encajar un calendario que, según la Diputación, se ha alejado mucho de los plazos inicialmente previstos.
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