La Operación Kitchen, una de las piezas judiciales más relevantes derivadas del caso Gürtel, afronta su fase decisiva en la Audiencia Nacional. Tras más de dos meses de juicio y una treintena de sesiones, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que ha quedado acreditada la existencia de un operativo parapolicial ilegal organizado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y hacerse con documentación que podía comprometer al partido y a algunos de sus principales dirigentes.
El principal acusado es el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión. También reclama la misma pena para quien fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; 19 años para el excomisario José Manuel Villarejo y 12 años y medio para Sergio Ríos, el antiguo chófer de Bárcenas que, según la acusación, fue captado como confidente a cambio de una retribución con fondos reservados y el ingreso posterior en la Policía Nacional.
¿Qué fue la Operación Kitchen?
La investigación sostiene que el operativo comenzó en 2013, cuando Luis Bárcenas ya estaba siendo investigado por el caso Gürtel y amenazaba con revelar información comprometedora sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular.
Según la Fiscalía, desde el Ministerio del Interior se puso en marcha un dispositivo policial al margen del control judicial cuyo objetivo no era investigar delitos, sino obtener documentos, grabaciones, agendas, teléfonos móviles y cualquier otro material que el extesorero pudiera utilizar contra dirigentes del PP. Todo ello habría sido financiado con fondos reservados del Estado.
Entre las actuaciones investigadas figuran seguimientos a Bárcenas y a miembros de su familia, la captación de su chófer como colaborador policial y el intento de acceder a documentación considerada sensible para el partido.
La tesis de la Fiscalía
En su informe final, el fiscal César de Rivas aseguró que la existencia de la Operación Kitchen ha quedado «acreditada» y la definió como una operación «bastarda y delictiva«.
Según sostuvo ante el tribunal, el verdadero objetivo del operativo era «destruir« o hacer desaparecer información comprometedora para el Partido Popular y obstaculizar el avance de la investigación judicial sobre la caja B del partido y el caso Gürtel.
Para la acusación, Fernández Díaz dirigía el dispositivo desde la cúspide del Ministerio del Interior a través de su secretario de Estado, Francisco Martínez.
La Fiscalía considera especialmente relevantes diversos mensajes de móvil, notas intervenidas al comisario Villarejo y otra documentación incorporada al procedimiento, que, a su juicio, acreditan la implicación del entonces ministro en el diseño y seguimiento de la operación.
¿Qué dicen los acusados?
Todos los principales acusados han negado haber participado en una trama ilegal.
Fernández Díaz rechaza haber ordenado ningún espionaje y sostiene que nunca tuvo conocimiento de un operativo destinado a obtener documentación de Bárcenas.
Francisco Martínez también niega haber dirigido una estructura parapolicial y cuestiona la interpretación que realiza la Fiscalía de los mensajes incorporados al procedimiento.
Por su parte, Villarejo rechaza haber actuado al margen de la legalidad y Sergio Ríos, el exchofer de Bárcenas, ha asegurado durante el juicio que nunca robó teléfonos móviles ni entregó documentación al Ministerio del Interior o a la Policía, negando además haber participado en algunas de las reuniones descritas por otros investigados.
¿Por qué no están acusados Rajoy o Cospedal?
Una de las cuestiones que más debate ha generado durante toda la instrucción es la ausencia en el banquillo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal o del propio Partido Popular.
Aunque durante la investigación aparecieron grabaciones y otros indicios relacionados con dirigentes del partido, el juez instructor limitó la apertura de juicio oral a los responsables del operativo policial. Ya durante el juicio, la Audiencia Nacional rechazó la petición formulada por la acusación popular para suspender el proceso e investigar también a Cospedal o incorporar al PP como partícipe a título lucrativo.
El juicio entra en su recta final
El procedimiento comenzó el 6 de abril de 2026 y ha celebrado 32 sesiones en las que han declarado acusados, policías, testigos y peritos.
Tras finalizar la práctica de la prueba, la Fiscalía ha mantenido intactas todas sus peticiones de condena y ha presentado sus conclusiones definitivas. En los próximos días intervendrán las defensas y los acusados ejercerán su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia. Será entonces cuando la Audiencia Nacional dicte una resolución que puede marcar uno de los capítulos judiciales más relevantes de la historia reciente vinculada al caso Gürtel y al uso de las denominadas «cloacas del Estado».
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