La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de ordenanza que regulará las futuras Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Vigo, una medida obligatoria en ciudades de gran población que, en este caso, se aplicará en cuatro áreas ya parcialmente restringidas al tráfico: Centro, Praza Portugal, Bouzas y O Calvario.
El alcalde ha defendido que el objetivo principal es reducir el tráfico de paso sin limitar el acceso a los vecinos ni obligar a cambiar de vehículo. “No obligamos en ningún caso a que nadie tenga que cambiar de coche”, aseguró, subrayando que la ordenanza contempla múltiples excepciones.
Acceso garantizado para vecinos y actividad económica
Según el texto aprobado, podrán acceder, circular y estacionar en estas zonas:
- Los vehículos domiciliados en las ZBE y registrados en el padrón del impuesto de circulación
- Los vehículos de personas empadronadas en estas áreas
- Empresas y autónomos con actividad económica en la zona
- Servicios públicos esenciales (policía, bomberos, emergencias)
- Personas con movilidad reducida
- Taxis, VTC y transporte colectivo
- Vehículos de reparto y servicios
- Acceso a garajes privados o parkings
- Vehículos que acudan a talleres o servicios sanitarios
- Padres y madres en recogida escolar cuando sea necesario
Además, se permitirá el acceso puntual para estacionar en aparcamientos o zonas reguladas, incluso a vehículos sin autorización general.
El alcalde insistió en que “se evita el tránsito, pero el acceso está garantizado”, marcando así la diferencia entre restricción de circulación y prohibición de entrada.
Implantación progresiva en tres fases
La aplicación de las ZBE se realizará de forma gradual:
- Primera fase: afectará solo a vehículos sin distintivo ambiental
- Segunda fase: incluirá también los vehículos con etiqueta B
- Tercera fase: se ampliará a los vehículos con etiqueta C
Las dos primeras fases tendrán una duración de dos años cada una, mientras que la tercera será indefinida.
Durante el periodo inicial, el Concello no impondrá sanciones, sino que enviará notificaciones informativas a los conductores que incumplan la normativa.
Financiación europea
El proyecto está cofinanciado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación del Gobierno de España, con una inversión total de más de 5,4 millones de euros.
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