La escalada de precios del combustible tras el inicio de la guerra en Irán no solo está tensionando los bolsillos de millones de europeos, sino que está generando beneficios extraordinarios sin precedentes para la industria petrolera. Así lo sostiene un nuevo informe de Greenpeace, que cifra en 81,4 millones de euros diarios los ingresos adicionales que las compañías de combustibles fósiles están obteniendo en la Unión Europea.
La cifra, que equivale a unos 2.500 millones de euros solo en el mes de marzo, no responde, según la organización, únicamente al aumento del coste del crudo, sino a una ampliación de márgenes que consideran “oportunista” en un contexto de crisis geopolítica y vulnerabilidad social.
El impacto de la guerra en Irán: más allá del precio del crudo
El estudio, titulado Beneficios petroleros excesivos en tiempos de guerra, analiza la evolución de los precios del diésel y la gasolina en los 27 países de la UE durante las tres primeras semanas de marzo. Su conclusión principal es clara: el incremento en el precio final en los surtidores ha sido significativamente mayor que el encarecimiento del petróleo en origen.
Este desfase, según Greenpeace, revela una estrategia de aumento de márgenes por parte de las compañías petroleras que no puede explicarse solo por la volatilidad del mercado energético tras el conflicto en Oriente Medio.
La organización habla abiertamente de “inflación codiciosa”, un fenómeno en el que empresas con fuerte poder de mercado aprovechan situaciones de crisis para elevar precios más allá de lo necesario, trasladando el coste —y el riesgo— directamente al consumidor.
España, entre los países con mayores beneficios extraordinarios
Dentro del mapa europeo, España ocupa un lugar destacado. Según el informe, las petroleras que operan en el país están obteniendo 11,5 millones de euros diarios en beneficios extraordinarios, lo que sitúa al mercado español como el tercero de la UE en este indicador, solo por detrás de Alemania y Francia.
El análisis detalla cómo han evolucionado los márgenes por litro de combustible. En el caso del diésel, el margen ha aumentado en 17,1 céntimos por litro, mientras que en la gasolina el incremento es de 2,5 céntimos por litro, en comparación con los meses de enero y febrero de 2026.
En este contexto, compañías como Repsol concentran una parte significativa del mercado, junto a otros operadores, en un sector que presenta características de oligopolio: pocos actores, alta demanda y limitada competencia efectiva.
Para Greenpeace, estas condiciones facilitan que los incrementos de precios se trasladen rápidamente al consumidor sin una presión suficiente que los contenga.
Una factura social creciente en plena crisis energética
El informe subraya que estos beneficios se producen en un momento especialmente delicado para la población europea. Millones de hogares enfrentan dificultades para asumir el coste de la energía, agravadas por la inflación generalizada y el impacto indirecto del conflicto internacional.
La organización pone cifras al potencial impacto de una intervención política: con el volumen actual de beneficios extraordinarios, los gobiernos europeos podrían financiar 60 millones de abonos mensuales de transporte público gratuitos o conceder ayudas directas de 60 euros mensuales a 40 millones de personas con problemas para pagar sus facturas energéticas.
Más allá de la comparación, el mensaje es claro: existe margen económico para aliviar la presión sobre los consumidores si se actúa sobre los beneficios de las grandes corporaciones energéticas.
La demanda de un impuesto europeo a los beneficios extraordinarios
Ante esta situación, Greenpeace reclama a las instituciones comunitarias la implantación urgente de un impuesto permanente sobre los llamados “beneficios caídos del cielo” de las compañías de petróleo y gas.
La medida, según la ONG, debería formar parte de una reforma fiscal más amplia orientada a:
- Reducir las facturas energéticas de hogares y empresas
- Acelerar la transición hacia energías renovables
- Impulsar la independencia energética de Europa
- Apoyar a las comunidades afectadas por la crisis climática
Además, la organización insiste en que estos ingresos no deben diluirse en el sistema general, sino destinarse específicamente a medidas de justicia social y transición ecológica.
Críticas al modelo energético y al papel de las grandes compañías
El informe no se limita a un análisis económico, sino que plantea una crítica estructural al modelo energético actual. Greenpeace considera que la dependencia de los combustibles fósiles expone a Europa a una doble vulnerabilidad: por un lado, la inestabilidad geopolítica; por otro, la capacidad de las grandes compañías para influir en los precios.
En el caso español, la organización cuestiona especialmente las políticas comerciales de las petroleras, señalando que los descuentos aplicados en estaciones de servicio son, en muchos casos, “cosméticos” y no compensan el aumento real de los márgenes.
También alerta de un retroceso en los compromisos de descarbonización por parte de algunas compañías, en un contexto en el que la transición energética debería acelerarse.
El papel del Gobierno y los mecanismos de control
Greenpeace insta al Gobierno español a liderar en la UE la implantación de este impuesto a los beneficios extraordinarios, al tiempo que reclama una mayor protección para colectivos especialmente afectados, como consumidores vulnerables, agricultores y transportistas.
Asimismo, pide reforzar los mecanismos de supervisión para detectar prácticas especulativas en el mercado energético. En este sentido, recuerda que recientes medidas legislativas han ampliado la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para actuar ante subidas abusivas de precios.
Sin embargo, la organización considera que estas herramientas deben aplicarse con mayor contundencia y rapidez en contextos de crisis como el actual.
Una crisis que reabre el debate energético en Europa
El informe llega en un momento especialmente sensible, coincidiendo con periodos de alta movilidad como la Semana Santa, cuando el consumo de combustible se dispara. Para Greenpeace, este contexto pone en evidencia las debilidades del sistema energético europeo y la necesidad de acelerar cambios estructurales.
La guerra en Irán ha vuelto a demostrar hasta qué punto los conflictos internacionales pueden impactar de forma directa en la economía doméstica de millones de ciudadanos. Pero también, según la ONG, cómo determinados sectores pueden convertir esa inestabilidad en una fuente de beneficios extraordinarios.
El debate, por tanto, trasciende el precio del combustible y se adentra en una cuestión más profunda: quién asume el coste de las crisis y quién se beneficia de ellas.
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