Representantes autonómicos y municipales populares denunciaron este sábado en Redondela una supuesta manipulación informativa del Gobierno local en relación con el Bono Coidado de la Xunta, una prestación dirigida a personas en situación de dependencia.
Durante una visita al municipio, los diputados Julio García Comesaña y Moisés Rodríguez, acompañados por el presidente del PP redondelano y concejal Javier Bas y los ediles Sandra Bastos y David Muiños, aseguraron que desde el Concello se está trasladando a la ciudadanía una información incorrecta al afirmar que la percepción del Bono Coidado supone la salida de las listas de espera para acceder a una plaza en residencias públicas o a servicios como la ayuda a domicilio.
Ayuda, mientras se espera por una plaza o un servicio público
Según explicaron, el Bono Coidado es una ayuda económica de carácter temporal, que se concede cuando la Administración no puede ofrecer de forma inmediata el recurso solicitado por la persona dependiente. Su finalidad es apoyar a las familias mientras se tramita la asignación de una plaza pública o un servicio, sin que ello suponga la pérdida de derechos ni la exclusión de las listas de espera, tal y como recogen las comunicaciones oficiales remitidas a los beneficiarios desde el Ayuntamiento.
Los denunciantes señalaron que, pese a haber aclarado este funcionamiento en distintas ocasiones, el Gobierno municipal habría reiterado esta interpretación en el último Pleno, lo que consideran especialmente grave por afectar a un ámbito sensible como la atención a la dependencia y por generar incertidumbre y preocupación entre las personas afectadas.
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Exigen una rectificación pública
Asimismo, reclamaron una rectificación pública y una información rigurosa sobre una prestación que, recordaron, tiene un importe de 5.000 euros y puede utilizarse libremente por el beneficiario para cubrir sus necesidades de cuidado.
Por último, criticaron que desde el ámbito municipal se cuestione esta ayuda autonómica mientras no se exija al Gobierno central el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia, que establece una financiación del 50% por parte del Estado, frente al porcentaje actual, inferior a lo previsto en la normativa.
