La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la solicitud del juez Juan Carlos Peinado para acceder a los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entre 2018 y 2025 desde su cuenta institucional, así como su remisión a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Vulneraba los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad
La Sección 23ª de la Audiencia estimó los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez contra la providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el pasado 3 de septiembre. En un auto fechado el 9 de diciembre, el tribunal revoca la parte dispositiva de esa resolución al concluir que la petición de los correos carecía de la motivación necesaria y vulneraba los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
El juez Peinado había recibido copia de los correos enviados y recibidos por Gómez entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025 desde la cuenta institucional que se le asignó en Moncloa y los remitió posteriormente a la UCO mediante una providencia dictada el 2 de noviembre. Tras la decisión de la Audiencia, esa actuación queda ahora sin efecto.
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Una petición injustificada
Los magistrados subrayan que la interceptación de comunicaciones debe acordarse mediante un auto judicial debidamente motivado y superar los requisitos de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, señalan que la resolución de Peinado, al adoptarse en forma de providencia, no hace mención a ninguno de estos requisitos, lo que refuerza —según el tribunal— los argumentos de los recurrentes sobre la falta de justificación de la medida.
El juez instructor -que tiene una hija que es concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón- había solicitado los correos para esclarecer si Begoña Gómez influyó a favor de empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, su papel en una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y el posible uso de su asesora para actividades privadas.
Tanto la Fiscalía como la defensa calificaron la petición de “absolutamente desmesurada” y sostuvieron que vulneraba derechos fundamentales y la normativa vigente. Peinado investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida, y ha planteado que, de llegar a juicio, el caso lo dirima un jurado popular, una decisión que también ha recurrido la defensa de Gómez.
