Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada presuntamente al tráfico de personas entre Colombia y España. La red, asentada en Sevilla, captaba a mujeres y hombres en situación de extrema necesidad en su país de origen y les ofrecía un “pack de viaje” para llegar a España, asumiendo a cambio una deuda que podía alcanzar los 5.000 euros.
Ocho detenidos
La operación policial se ha saldado con la detención de ocho personas en Sevilla, entre ellas los principales líderes del entramado. Según las investigaciones, al menos 22 ciudadanos colombianos habrían entrado en España mediante este método fraudulento.
La investigación se inició tras el análisis de información obtenida en una operación llevada a cabo en 2024 contra una red de trata de seres humanos. A partir de esos datos, los agentes detectaron la existencia de otra organización perfectamente estructurada, con ramificaciones tanto en España como en Colombia.
En el país de origen, la red contaba con captadores especializados en localizar a personas vulnerables, a quienes prometían empleo en el cuidado de personas dependientes o en el sector de la restauración. Para ello, les ofrecían un “pack de viaje” que incluía el billete de avión y las instrucciones necesarias para entrar en España como supuestos turistas.
Las víctimas recibían indicaciones precisas para superar los controles fronterizos y portaban dinero en efectivo que debían devolver inmediatamente tras su llegada. Una vez en España, la organización actuaba como una agencia de colocación, facilitándoles trabajos principalmente en la provincia de Sevilla y en establecimientos de hostelería en la provincia de Cádiz.
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Trámites laborales fraudulentos
En algunos casos, los explotadores proporcionaban documentación de terceras personas, ya regularizadas o vinculadas a la red, para permitir el alta laboral irregular de las víctimas. Esta documentación se alquilaba por unos 200 euros mensuales, mientras que los titulares reales llegaban a beneficiarse posteriormente de prestaciones por desempleo.
Cuando las víctimas no podían hacer frente a las cuotas de la deuda, la organización recurría a amenazas directas contra sus familiares en Colombia. Algunas de ellas se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias.
