La reunión técnica celebrada este martes entre el Concello de Vigo, Augas de Galicia y las empresas concesionarias para analizar la situación de la presa de Eiras terminó con una evidente ruptura de criterios y acusaciones cruzadas entre ambas administraciones. La infraestructura, esencial para el suministro de agua a más de 400.000 personas del área metropolitana, presenta deficiencias en dos de sus cuatro válvulas reguladoras, un problema que ha desencadenado un conflicto abierto sobre la gestión, la seguridad y las responsabilidades.
“No nos fiamos”
Desde el Concello de Vigo, el concejal de Fomento, Javier Pardo, anunció que el Concello ha solicitado la reversión de la gestión al considerar que la Xunta no está actuando con la diligencia necesaria. “Non nos fiamos”, afirmó, señalando que la administración autonómica tuvo conocimiento desde abril de los fallos en las válvulas y que, pese a ello, “no actuó hasta ahora con una negligencia e inoperancia intolerables”.
Pardo recordó que la Xunta asumió la titularidad de la presa en enero de 2023, y que desde entonces es su obligación garantizar el mantenimiento, tarea que, acusa, no se ha cumplido adecuadamente.
Un bypass
Durante la reunión, Vigo aceptó la solución técnica presentada por Augas de Galicia para construir un bypass -en el que la Administración autonómica tendrá que invertir 2 millones de euros- que permita sustituir las válvulas en condiciones de seguridad. Sin embargo, el concejal advirtió de que la ciudad cuenta con 36 horas de autonomía hídrica, mientras otros concellos no disponen del mismo margen. Criticó que la Xunta no convocase a todos los municipios afectados para evaluar su capacidad de respuesta y lamentó la ausencia de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a pesar de la importancia del asunto.
El Concello de Vigo se desentiende
La versión de la Xunta difiere de manera sustancial. En un comunicado posterior, el Gobierno gallego expresó su preocupación por que el Concello de Vigo “se desentienda” del abastecimiento desde Eiras, sin valorar los riesgos ni aportar la información necesaria para coordinar la actuación. Augas de Galicia aseguró ser la única administración que acudió a la reunión con una planificación técnica detallada y defendió que su prioridad es “garantizar el suministro sin poner en riesgo a la población”.
El responsable del organismo autonómico subrayó que las válvulas las manipula Vigo en exclusiva y que la rotura de una de ellas se produjo cuando el Concello, a requerimiento de la Xunta y en cumplimiento de la normativa de seguridad, la abrió parcialmente durante una inspección. Según Augas de Galicia, el problema se agravó por la falta de comunicación de Aqualia, concesionaria municipal, que no informó de las deficiencias detectadas en su manipulación previa.
La Xunta también cuestionó la actitud del Concello durante el encuentro, afirmando que Vigo y Aqualia actuaron de forma conjunta y sin aportar alternativas viables. Criticó que la propuesta de la concesionaria para reparar una sola válvula no contemplase el riesgo de una nueva rotura y alertó de que los plazos y presupuestos anunciados por el alcalde “no eran realistas ni garantizaban el suministro”.
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Ausencia de Augas do Louro
Otro punto de fricción fue la presencia del Consorcio de Augas do Louro, que agrupa a Mos, O Porriño, Salceda de Caselas y Tui, concellos también abastecidos desde Eiras. Según la Xunta, la participación del consorcio era fundamental dada la afectación directa del problema, mientras que Vigo les pidió abandonar la reunión, algo que el Gobierno autonómico considera una muestra más de la falta de voluntad de cooperación por parte del Concello.
El enfrentamiento evidencia un profundo desacuerdo sobre el modelo de gestión del agua en el área metropolitana. Mientras Vigo insiste en que la titularidad debería volver al ámbito municipal por motivos de seguridad y confianza, la Xunta defiende su capacidad como responsable autonómica y acusa al Concello de mantener un conflicto permanente por la titularidad de la presa y por la coordinación de un sistema que supera los límites municipales.
Acuerdo sobre la urgencia
Lo que ambas partes sí comparten es el diagnóstico de urgencia: las obras deben comenzar cuanto antes para garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento. No obstante, el choque político e institucional parece lejos de resolverse, y la tensión creciente entre Xunta, Concello y concesionarias añade incertidumbre a un problema que afecta directamente al suministro de agua de cientos de miles de ciudadanos.
