El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes que el Concello reclamará por la vía judicial a la Xunta de Galicia la reversión del antiguo edificio del colegio Virgen del Rocío, con el objetivo de transformarlo en un centro sociocultural para el uso vecinal del barrio de Coia. “Queremos hacer un centro social para la gente”, afirmó.
Caballero afirma que el inmueble es de propiedad municipal y que el Concello había solicitado oficialmente en mayo la devolución del mismo, argumentando que “ya no es colegio desde hace años”, tras la construcción de unas instalaciones más modernas, y que “no tiene actividad docente”: “El edificio pertenece a Vigo y debe volver a Vigo”, subrayaba entonces el alcalde.
Centro de Formación del Profesorado
Sin embargo, la Consellería de Educación abrió en septiembre de 2023 en esas dependencias el Centro de Formación y Recursos para el Profesorado, tras una reforma de 400.000€ para adaptar los 3.000 m2 del edificio, distribuidos en tres plantas. Las instalaciones incluyen un aula E-Dixgal, un Polo Creativo, un salón de actos con capacidad para 100 personas, además de seis aulas de formación, despachos y zonas administrativas, con capacidad total para 400 usuarios.
🔹 Otro frente abierto: el edificio de los antiguos juzgados
Esta no es la primera disputa entre ambas administraciones por la titularidad de un inmueble. En abril, el alcalde también reclamó la propiedad del antiguo edificio de los Juzgados, en la rúa Lalín, después de que la Xerencia de Urbanismo suspendiera la licencia de obra que había aprobado meses antes para que la Xunta lo reformase.
El Gobierno gallego tenía previsto invertir 20 millones de euros para convertirlo en un centro para asociaciones, con más de 70 colectivos interesados en ocuparlo. Sin embargo, tras la reclamación del Concello, la Xunta tuvo que resolver el contrato con la constructora y paralizar el proyecto.
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Será ahora la Justicia la que decida quién es el propietario del edificio y cuál de las dos administraciones —Ayuntamiento o Xunta de Galicia— deberá hacerse cargo de una posible indemnización a la empresa adjudicataria por la obra paralizada.
