El alcalde ha rechazado la inversión que la Xunta había aprobado para transformar los antiguos Juzgados de la rúa Lalín –24 millones de euros destinados a transformar el inmueble en el nuevo Centro de Asociacionismo de Vigo– y ha reclamado la parcela del mismo como propiedad municipal.
Abel Cabellero ha acusado el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo-«que antes era vicepresidente y lo rebajaron a conselleiro» de comportarse como si este perteneciese a la Xunta. «Nada de eso, el propiedad del Ayuntamiento», ha subrayado Caballero quien ha ilustrado la intención del Gobierno de Galicia con un ejemplo, «¿qué dirían mis vecinos si meto a asociaciones en sus pisos?».
En este sentido, el alcalde ha insistido en el que el Concello compró el suelo en su momento y lo cedió al Estado para construir en él los juzgados, pero ahora ya no hay juzgados allí, «y se lo quiere quedar la Xunta…pues no, la Xunta no va a quitárselo a la ciudad de Vigo».
Para dependencias municipales
«Vamos a usarlo nosotros», clama Abel Caballero en uno de sus notas de audio sin posibilidad de preguntas, adelantando que los antiguos juzgados se destinarán a dependencias municipales y a «abrirlo a toda la ciudad».
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En noviembre, el Concello concedió licencia de obra a la Xunta…
Hay que recordar que el pasado mes de noviembre la Xerencia Municipal de Urbanismo había concedido a la Xunta de Galicia la licencia de obra correspondiente para transformar este edificio y destinar la mayor parte de sus dependencias a 70 colectivos y asociaciones de la ciudad, que ya habían solicitado espacio en el mismo.
El proyecto del arquitecto Alfonso Penela-que también reformói el Hospital Xeral para transformarlo en la actual Cidade da Xustiza, fue el ganador del concurso de ideas convocado a finales de 2022 y estaba previsto que las obras -que cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desenvolvimiento (FEDER Galicia 2021-2027)- empezasen los primeros meses de este 2025 y estuviesen terminadas el último trimestre de 2026.
… y a final de enero de este año, la paralizó
Sin embargo, a final de enero pasado, la misma Xerencia paralizó esa licencia. ¿El motivo?, según explicó la concejala de Urbanismo, María José Caride,- también en una nota de audio sin posibilidad de preguntas de los periodistas- porque, de acuerdo con el expediente -y así figura en el Registro de la Propiedad- el propietario del inmueble era el Concello de Vigo, no la Xunta de Galicia.
El Concello cobró el IBI del edificio a la Xunta y le dio licencia de obra
Sin embargo, el Gobierno gallego no estuvo de acuerdo con la postura del Concello. Y así lo expresó el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, en respuesta a preguntas de los informadores. Calvo aseguró hace uin me que la parcela y el inmueble están a nombre de la Xunta y esgrimió como prueba de ello que en 2024 se pagaron 41.240€ al Ayuntamiento de Vigo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
A ello se sumaba el hecho de que el propio Ayuntamiento dio licencia de obra en noviembre-tras aprobar la solicutud presentada en febrero de 2024- 9 meses antes-.
Asimimo, añadió, el Estado transfirió el edificio de los Juzgados de la rúa Lalín en propiedad y sin vinculación de destino y que el Real Decreto 2166/1994, del 4 de noviembre estableceque el Estado es el dueño del mismo.
A esta situación, comentó el conselleiro, se añade que se dio de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, sin que hubiese impedimiento alguno y, por ello, paso a figurar en el Catastro a nombre de la Xunta de Galicia, abonándose el recibo correspondiente el Concello de Vigo.
