Disponer de mayoría absoluta en las Cortes tiene, entre otras muchas ventajas, la de poder nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, algo especialmente útil. La prueba fue el Pleno del mismo, reunido ayer, que rechazó por 9 votos a 3 el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra tres puntos de la reforma laboral, entre ellos el contrato de apoyo a emprendedores, que cuenta con un periodo de prueba de un año que, en el caso de no ser superado, no contempla indemnización alguna para el trabajador.
Solo la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asúa y los magistrados Fernando Valdés y Luis Ignacio Ortega, estimaron que el recurso tenía razón, mientras que el resto del Tribunal- que tenía ya 12 integrantes, tras la incorporación de Antonio Narváez en sustitución de Enrique López (que tuvo que dimitir por conducir borracho)– apuntalaba los votos de los jueces conservadores.
Ya en febrero pasado el Constitucional no solo estimó que el Gobierno podía reformar el mercado laboral por decreto, sino que estimó la regulación que hace la Reforma Laboral de las indemnizaciones por despido improcedente y la limitación en el cobro de salarios de tramitación en casos de readmisión.
