Desde 2007 a 2013, Europa gastó 2.000 millones de euros en acorazar y proteger sus trincheras, frente a los 700 millones destinados a socorrer a refugiados y solicitantes de asilo, según apunta Amnistía Internacional, que incluiría tareas de construcción, refuerzos policiales o inversión en tecnología para vigilancia.
A nivel nacional se invirtieron 289 millones en blindaje, en comparación con los 9,3 millones de euros en la asistencia social necesaria. El 48% de los extranjeros que accede de manera irregular en la Unión Europea provienen de estados en conflictos bélicos con continuos ataques a la población civil, véase Afganistán, Siria y Somalia. En la última década, han muerto 23.000 personas, 200 desde que comenzó 2014.
En relación a las devoluciones ilegales, se incrementan en España, Bulgaria y Grecia, sin llegar a efectuar los procesos de identificación necesarios a los inmigrantes, ni ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo. Desde principios de año, “más de 200 personas han perdido la vida en el Mediterráneo y el Egeo, y cientos más han desaparecido y se teme que hayan muerto, huyendo de situaciones de violencia y persecución. La responsabilidad de su muerte es colectiva” puntualiza el organismo Amnistía Internacional.
