Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y para justificar el endurecimiento de las medidas contra l@s parad@s que rechacen una oferta de empleo – sea cual sea la oferta- la vicepresidenta del Gobierno mintió reiteradamente asegurando que – varias veces- que a 500.000 desempleados se les había retirado la prestación por desempleo.
No es así, ni de lejos. Los datos del propio Ministerio de Trabajo dejan quedar a Soraya Sáenz de Santamaría como mentirosa y, además, señalan una mala intención en sus palabras. Esta segunda afirmación viene demostrada por el hecho de que la vicepresidenta juntó a los desempleados que han cometido alguna falta administrativa – que lleva aparejada la suspensión temporal de la prestación- con quienes sí cometieron fraude en el cobro de la misma.
Según la nota oficial facilitada tras la rueda de prensa, durante el año y medio de funcionamiento de las medidas contra el fraude «se han realizado en ese período más de dos millones y medio de actuaciones de control que han dado como resultado la sanción a 520.572 perceptor@s de prestaciones por desempleo». Y la mayoría de esas sanciones han sido por el incumplimiento de requisitos administrativos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, o la no renovación de demanda de empleo. Según el Gobierno, la mayor parte de las sanciones han supuesto la suspensión temporal, de uno a seis meses, del cobro de la prestación.
Pero es que los datos del Ministerio de Empleo, además, dicen esto otro: entre enero y junio de 2013 «se ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios», algo más del 10% de lo que dijo Sáenz de Santamaría; pero es que l@s desemplead@s que cobraban el segundo del paro y a la vez trabajaban en la economía sumergida, son un 1% de l@s mencionad@s por la vicepresidenta –siempre según datos oficiales del propio Gobierno – exactamente 5.883 trabajador@s compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente.
Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría no ha anunciado iniciativa alguna contra el fraude fiscal que – y siempre según datos gubernamentales – en el 23% del PIB, frente al 13% de la media de la Unión Europea, unos 157.000 millones de euros. Según los técnicos de la Agencia Tributaria, el 72% del fraude fiscal en España lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año -que representan el 0,01% del total de empresas – y la banca.
Este 72% es, en dinero, 113.000 millones de euros; cantidad equivalente a todos los recortes que está haciendo el Gobierno, más las ayudas a la Banca, más los intereses de la deuda del Estado los seis primeros meses del año que viene.
