La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha expresado su «profundo pesar» por la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de no financiar con fondos públicos los medicamentos lecanemab y donanemab, los dos primeros tratamientos dirigidos a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en fases iniciales. La resolución, adoptada el miércoles pasado, deja estos fármacos únicamente disponibles mediante prescripción en el ámbito privado.
La sociedad científica considera que esta decisión supone un importante revés para los pacientes y para el propio Sistema Nacional de Salud (SNS), al impedir el acceso en condiciones de igualdad a unos tratamientos que ya cuentan con autorización para su comercialización en la Unión Europea tras superar la evaluación de eficacia y seguridad de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Además, la SEN recuerda que otras agencias reguladoras internacionales también han respaldado estos medicamentos y destaca que, en Estados Unidos, ambos tratamientos llevan cerca de tres años utilizándose en la práctica clínica con datos que, según afirma, avalan su seguridad y la satisfacción de pacientes y profesionales.
«Se rompe el principio de equidad»
Los neurólogos sostienen que la decisión tiene consecuencias que van más allá del ámbito clínico. En un comunicado, advierten de que limitar estos tratamientos al ámbito privado crea una barrera económica que «vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud», al establecer diferencias entre pacientes en función de su capacidad económica.
Asimismo, alertan de que la medida rompe los principios de universalidad y cohesión del sistema sanitario y sitúa a los profesionales de la sanidad pública ante un dilema ético al tener que informar a pacientes que podrían beneficiarse de unas terapias a las que solo podrán acceder quienes puedan asumir su coste.
Un consenso para facilitar su implantación
La SEN recuerda que recientemente su Grupo de Estudio de Conducta y Demencias publicó un documento de consenso con recomendaciones para la utilización de lecanemab y donanemab en la práctica clínica española, elaborado por especialistas con el objetivo de facilitar una incorporación ordenada y segura de estos tratamientos.
Según la sociedad científica, la financiación pública de estos medicamentos también serviría para reforzar los circuitos de diagnóstico precoz y las redes asistenciales especializadas en demencias, beneficiando no solo a los pacientes candidatos a estas terapias, sino también al conjunto de personas con deterioro cognitivo.
En este sentido, compara esta situación con la transformación asistencial que en los últimos años han supuesto los nuevos tratamientos para enfermedades como el ictus, la esclerosis múltiple o la migraña.
Petición al Ministerio de Sanidad
Por todo ello, la SEN solicita a la ministra de Sanidad, la doctora Mónica García, al secretario de Estado de Sanidad y presidente de la CIPM, Javier Padilla, y a los representantes de las comunidades autónomas que reconsideren la decisión.
La sociedad científica ofrece además su colaboración para diseñar junto a las administraciones sanitarias y las asociaciones de pacientes circuitos asistenciales que permitan un uso seguro, eficiente y sostenible de estos tratamientos.
«La enfermedad de Alzheimer constituye uno de los mayores retos sanitarios y sociales de España. Afrontarla exige decisiones innovadoras, basadas en la evidencia científica y en la equidad», concluye la entidad.
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