El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado un recurso de reposición contra el decreto firmado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que convoca para el próximo 19 de junio un pleno extraordinario sobre el accidente mortal del Saltamontes, pero excluye la comparecencia del regidor solicitada por la oposición para dar explicaciones sobre este caso.
Xabier P. Igrexas, portavoz municipal de la formación nacionalista, que impulsó la convocatoria junto al Partido Popular, considera que la decisión vulnera los derechos de participación política de los concejales de la oposición y denuncia una exclusión «ilegal e arbitraria» de uno de los puntos centrales de la sesión.
El alcalde firmó el decreto de convocatoria del Pleno eliminando su comparecencia
La solicitud registrada por PP y BNG el pasado 25 de mayo proponía un pleno extraordinario con dos puntos en el orden del día. El primero planteaba la comparecencia del alcalde para informar sobre las actuaciones municipales relacionadas con el accidente ocurrido en el Saltamontes durante las fiestas de Matamá en agosto de 2024 – en el que perdió la vida Iván Castaño, de 36 años – así como sobre las decisiones adoptadas por el gobierno local tras las resoluciones judiciales conocidas en el procedimiento. El segundo incluía el debate y votación de varias propuestas de acuerdo.
Sin embargo, el decreto de convocatoria firmado el pasado 4 de junio eliminó la comparecencia y dejó la sesión reducida únicamente al debate y votación de las propuestas presentadas por la oposición.
El BNG denuncia una vulneración de derechos
En su recurso, los nacionalistas argumentan que la exclusión del punto relativo a la comparecencia supone una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, que protege el derecho de los cargos públicos a ejercer plenamente sus funciones de control y fiscalización sobre el gobierno.
El escrito sostiene que el mecanismo de convocatoria de plenos extraordinarios a petición de una cuarta parte de la corporación constituye una garantía democrática para las minorías y recuerda que la jurisprudencia reconoce que la Alcaldía no dispone de margen político para modificar o excluir asuntos planteados por los grupos solicitantes cuando estos son competencia del pleno.
Además, el BNG critica la falta de motivación jurídica de la decisión municipal. Según expone, la resolución se limita a afirmar que la comparecencia «non se adecúa» a determinados artículos del Reglamento Orgánico del Pleno y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sin ofrecer una argumentación detallada que justifique la exclusión.
El foco, en el accidente del Santamontes
La petición de comparecencia está vinculada a la evolución de la investigación judicial sobre el accidente ocurrido en la madrugada del 3 de agosto de 2024 en la atracción El Saltamontes durante las fiestas de Matamá. El recurso recuerda que la causa investiga posibles responsabilidades derivadas de aquel suceso y que entre las personas investigadas figura la concejala de Seguridad, Fiestas y Contratación, Patricia Rodríguez Calviño, por un presunto delito de homicidio imprudente.
Los nacionalistas sostienen que la permanencia de Rodríguez Calviño en el gobierno municipal, la negativa del alcalde a cesarla y la ausencia de una comisión municipal de investigación convierten este asunto en una cuestión de evidente interés público que debe ser objeto de control político en el pleno.
Amenaza con acudir a los tribunales
A través del recurso, el BNG solicita la nulidad de la exclusión y reclama que la comparecencia del alcalde sea incorporada al orden del día del pleno extraordinario previsto para el 19 de junio. Además, pide que la resolución se adopte en un plazo máximo de cinco días hábiles debido a la proximidad de la sesión.
La formación también advierte de que, si el recurso no prospera, se reserva la posibilidad de acudir a los tribunales para defender sus derechos, incluyendo el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.
Entre las críticas más contundentes recogidas en el escrito figura la acusación de que la interpretación realizada por la Alcaldía permite que la mayoría absoluta del gobierno local pueda vetar su propia fiscalización. En palabras del recurso, ello supondría «outorgarlle ao grupo de goberno a facultade de veto absoluto sobre a súa propia fiscalización» y vaciaría de contenido los mecanismos de control de la oposición.
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