La Audiencia Nacional inicia este lunes uno de los juicios más relevantes de los últimos años en España: el del caso Kitchen, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Hasta el próximo 30 de junio serán juzgados el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y varios mandos policiales, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo.
Todos ellos están acusados de poner en marcha una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraer documentación comprometedora para el partido en plena investigación del caso Gürtel y la supuesta caja B.
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para Fernández Díaz y Martínez por ordenar el espionaje, mientras que para Villarejo reclama hasta 19 años de cárcel. Para el resto de los acusados, las penas solicitadas oscilan entre dos años y medio y 19 años de prisión. Están acusados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, obstrucción a la Justicia, delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos, y omisión del deber de perseguir los delitos
En total, diez personas están procesadas por esta trama, que supuestamente utilizó fondos reservados para financiar el operativo ilegal, dirigido no solo contra Bárcenas sino también contra su entorno familiar.
M.Rajoy, Cospedal, Arenas y Sáenz de Santamaría, citados como testigos
El juicio arranca con la fase de cuestiones previas y posteriormente dará paso a la declaración de numerosos testigos clave. Entre ellos figuran la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el propio Mariano Rajoy, que ya declaró en el juicio del caso Gürtel, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el dirigente popular Javier Arenas.
Por su parte, Bárcenas declarará el próximo 20 de abril junto a su esposa, Rosalía Iglesias, ambos en calidad de perjudicados. El extesorero ha solicitado una condena de 41 años de prisión para el exministro del Interior y su número dos.
Este proceso judicial se convierte en una pieza clave para esclarecer el alcance de una de las mayores controversias políticas y policiales de la última década en España, al poner bajo escrutinio el uso de recursos públicos para fines presuntamente partidistas.
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