El pleno de la Diputación de Pontevedra evidenció una división interna en el grupo socialista durante la votación del Plan Extra de inversiones, dotado con 37 millones de euros para 57 municipios.
Frente a la abstención de seis diputados del PSOE, tres representantes socialistas optaron por respaldar la propuesta impulsada por el gobierno provincial. Entre ellos se encuentran el alcalde de Gondomar, la alcaldesa de Redondela y el portavoz municipal de Baiona, quienes votaron a favor del plan en el pleno.
División interna: gritos y palabras elevadas de tono
La iniciativa salió adelante con el apoyo del Partido Popular, el BNG y estos tres votos socialistas, en una sesión en la que quedó patente la falta de una posición unificada dentro del grupo del PSOE en la institución provincial.
Según han trasladado fuentes políticas, las discrepancias se trasladaron también al ámbito interno del grupo socialista. Tras la sesión plenaria, los diputados mantuvieron una reunión a puerta cerrada en la que, según distintas informaciones, se produjeron momentos de tensión, con intercambio de reproches, gritos y palabras elevadas de tono entre quienes defendían posiciones distintas sobre el plan.
El episodio refleja una fractura en el seno del grupo socialista en la Diputación de Pontevedra en torno a este programa de inversiones, que busca financiar actuaciones municipales en toda la provincia y que ha generado posturas divergentes entre representantes del mismo partido.
Plan Extra
El paquete de inversiones -aprobado por el Pleno de la Diputación- está dotado con cerca de 37 millones de euros y tiene como objetivo de reforzar la capacidad financiera de los ayuntamientos y acelerar la ejecución de proyectos en toda la provincia.
El denominado II Plan Extra permitirá que 57 municipios accedan a financiación para actuaciones consideradas prioritarias a nivel local. Las ayudas se distribuirán con un mínimo de 220.000 euros por concello y un máximo de 1,1 millones, en función de distintos criterios técnicos y poblacionales.
El programa está diseñado para que cada ayuntamiento pueda destinar los fondos a iniciativas adaptadas a sus necesidades. Entre las actuaciones previstas figuran proyectos de transformación urbana, mejora de espacios públicos y recuperación de entornos degradados, así como intervenciones orientadas a reforzar la movilidad, especialmente en áreas rurales.
Además, el plan contempla inversiones en equipamientos como áreas recreativas y deportivas, así como la creación o adaptación de infraestructuras municipales. También se incluyen actuaciones vinculadas a la eficiencia energética, la accesibilidad y la rehabilitación de edificios públicos, en línea con los objetivos de modernización y sostenibilidad.
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