El Concello de Vigo se enfrenta a una polémica tras tener que indemnizar con 1,1 millones de euros a Servisar (grupo DomusVi) por la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) durante el mes de diciembre sin un contrato en vigor. La medida ha desatado un cruce de acusaciones entre el PP de Vigo, que denuncia irregularidades, y el gobierno municipal de Abel Caballero, que defiende la legalidad de la operación.
«Chapuza» y «mala gestión»
El popular Fernando González Abeijón asegura que, de acuerdo con un informe del interventor municipal, el servicio se prestó “al margen del procedimiento legal” después de que finalizara el contrato anterior y se suspendiera la entrada en vigor del nuevo por un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (TACGAL). Esto obligó al Concello a indemnizar a la empresa por los daños y perjuicios derivados de la situación extraordinaria.
Para el PP de Vigo, este episodio es una “chapuza” y un ejemplo de mala gestión del Gobierno local. “Aunque el SAF es un servicio esencial para mayores y dependientes, la solución debía haberse buscado de manera legal, transparente y con control democrático”, señaló. Los populares también criticaron que la indemnización se aprobara mediante reconocimiento extrajudicial de crédito en junta de gobierno, evitando así su debate en el pleno municipal.
«Actuamos en plazo» y «no dejamos en la cuneta a más de mil dependientes»
La concelleira de Benestar Social, Yolanda Aguiar, reprocha a los populares su «absoluta ignorancia» de los procedimientos administrativos y defiende una opinión totalmente contraria. Así, apunta que la indemnización responde a la aplicación de una figura prevista en la ley para situaciones extraordinarias, al suspenderse cautelarmente del nuevo contrato por un recurso presentado por otra empresa licitadora.
Aguiar explicó que el Concello actuó en plazo y que, de no haberse presentado este recurso, la adjudicación habría sido efectiva con casi un mes de antelación. Asimismo, afirma que la prolongación del servicio con la empresa saliente se realizó únicamente para garantizar la continuidad de un servicio social esencial, atendiendo a más de mil personas dependientes en sus hogares.
Aguiar también recordó que el TACGAL –«dependiente de la Xunta» -desestimó finalmente el recurso, validando la actuación del Concello y la adjudicación del nuevo contrato. Asimismo, enfatiza que el pago no supone irregularidad, sino una indemnización legal por una causa sobrevenida, necesaria para que el servicio de ayuda en el hogar no se interrumpiera.
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