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La concejala de Seguridad declara ante la juez y reitera su «total colaboración», en la investigación del accidente del Saltamontes

También estaban citados el jefe de área de Seguridad y Movilidad del Concello y el perito encargado de la inspección

La concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez, ha declarado este martes como investigada ante la juez que instruye el caso del accidente del Saltamontes, ocurrido en el verano de 2024 en las fiestas de Matamá, y en el que falleció Iván Castaño, de 36 años.

Rodríguez, a su salida del juzgado ha comentado a los periodistas que ha reiterado «toda mi colaboración, personal y como representante del Ayuntamiento». La responsable de Seguridad ha añadido que ha respondido a las preguntas de la jueza y de la Fiscalía, «atendiendo a todos los requerimientos» que se le han hecho en el marco de el procedimiento para «aclarar» lo sucedido. Finalmente, ha pedido «respeto para el trabajo del tribunal y del ministerio fiscal, que tendrán que resolver como se ha producido este suceso y llegar sus conclusiones».

Además de Patricia Rodríguez, este martes también estaban citados, como investigados el jefe de área de Seguridad y Movilidad del Concello y al perito encargado de la inspección o revisión anual de la atracción.

Cambio procesal

La citación como investigada de la concejala de Seguridad, se produce después de que, en un principio, la jueza instructora y la Audiencia Provincial respondiesen negativamente a la solicitud de declaración presentada por los padres de Iván Castaño. En contra de aquella primera apreciación, la magistrada cree que esta diligencia es necesaria, lo que apuntaría a novedades sobre las posibles responsabilidades administrativas y de control.

La causa ha pasado, así a una fase clave, con el análisis de los mecanismos de supervisión, seguridad y autorización de las atracciones en las fiestas populares y en el papel desempeñado por el Concello en la cadena de decisiones y, en concreto si la Policía Local había recibido la orden de precintar la atracción, dado que no estaba autorizada.

Sin debate político

Lo que sí ha quedado claro es que las posibles responsabilidades en el accidente se circunscribirán, al menos de momento, al ámbito judicial y no al político, después de que el Gobierno municipal, haciendo valer su mayoría absoluta, rechazase, primero, la creación de una comisión municipal de investigación y, segundo, hace unos días, las mociones de urgencia presentadas por PP y BNG en el Pleno de la Corporación para exigir explicaciones y responsabilidades a la responsable de Seguridad.


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