El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos firmarán este jueves un acuerdo para poner en marcha una nueva vía de reparación para las víctimas de abusos sexuales cometidos por curas y religiosos, cuyos casos ya no pueden abordarse por la vía judicial. El mecanismo se articulará a través del Defensor del Pueblo y pretende ofrecer una alternativa a quienes no desean acudir a las comisiones internas impulsadas por la propia Iglesia.
El acuerdo será rubricado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.
La iniciativa llega tras la aceptación, a finales de noviembre, por parte de la Conferencia Episcopal de la propuesta del Ejecutivo para que las víctimas puedan dirigirse al Defensor del Pueblo si no desean acogerse a los mecanismos creados por la Iglesia. Esta fórmula se suma al Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA), diseñado para los casos sin posibilidad de respuesta penal.
¿Las indemnizaciones las pagará la Iglesia…o los contribuyentes?
Según el acuerdo, las indemnizaciones económicas no serán asumidas por el Estado, sino que correrán a cargo de la Iglesia. El papel de las instituciones públicas se centra en la articulación, supervisión y tramitación del proceso a través del Defensor del Pueblo, lo que configura un sistema mixto Iglesia-Estado con participación de las víctimas.
Sin embargo hay que recordar que el Estado español aporta anualmente a la Iglesia Católica principalmente mediante la asignación tributaria del IRPF, más de 429 millones (datos de 2025) -un 12% más que el año anterior- a los que hay que sumar otros 586 millones en subvenciones. En total son más de 1.000 millones de euros – cantidad en la que no se incluyen los conciertos educativos con centros religiosos-. En 2023, la enseñanza concertada total (mayoritariamente religiosa) recibió 7.783 millones de euros, con cerca del 70% destinado a centros católicos – unos 2.400 que forman a1,5 millones de alumnos-, lo que supondría unos 5.500 millones– . Esta cifra ha crecido un 5% respecto a 2022, alcanzando un récord histórico.
Y en estos cálculos se excluye el pago de el Impuesto de Bienes Inmuebles del que está exenta la Iglesia sobre los lugares de culto -unos 20.000 inmuebles-.
¿No asume el Estado responsabilidad en estos abusos?
El diseño práctico de este acuerdo ha generado debate político y social. Para algunos sectores, el hecho de que un órgano del Estado gestione el procedimiento de reparación implica una asunción indirecta de responsabilidades públicas en un problema originado en una institución privada. El Gobierno y la Iglesia defienden, en cambio, que la fórmula busca garantizar confianza, imparcialidad y accesibilidad para las víctimas, sin trasladar al erario público el coste de las compensaciones.
240.000 abusos sexuales por parte de curas y religiosos…sólo en España
Las conclusiones de un informe presentado en octubre de 2023 por el Defensor del Pueblo establecen que el 0,6% de las población española -alrededor de 450.000 personas- fue agredida sexualmente en ámbitos católicos. Además, aplicando ese porcentaje a mayores de edad, unos 240.000 habrían sido víctimas de abusos por parte de religiosos.
El documento ‘Una respuesta necesaria’, de casi 800 páginas, el primero independiente y salido de un organismo oficial en nuestro país, apunta, además, a una intención de ocultamiento por parte de responsables de la Iglesia, de distintas órdenes, colegios, congregaciones y de estamentos católicos. Además, cree que debe crearse un fondo estatal que indemnice a las víctimas.
Y esto son sólo datos de España: en todo el mundo, de acuerdo con estimaciones conservadoras, son más de 800.000 los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Un número que podría exceder, con mucho, del millón de personas. Según informes oficiales, las víctimas de curas y religiosos son en su mayoría hombres (50-65%), de edades comprendidas entre 10 y 12 años.
¿Cuántos de estos abusadores han sido condenados?
El Consejo General del Poder Judicial no tienen registros sobre condenas específicas por curas y otras religiosos, además muchos de estos delitos han prescrito o se resuelven canónicamente sin pena alguna. Sí se sabe que la Iglesia española reportó 1.383 denuncias por abusos a menores hasta 2023, aunque sólo 205 casos «probados». Otros 75 estaban en investigación y 13 se habían archivado por prescripción o fallecimiento del acusado.
EL PAÍS tiene la única base pública con una cifra irrisoria de 700 casos conocidos desde 1927 -que representa frente a los 240.000 abusos estimados menos del 0,3%- basada en sentencias judiciales, admisiones eclesiásticas y medios; algunos de los acusados acabaron condenados, pero no hay cifra exacta que, en cualquier caso sería aún menor que ese 0,3% apuntado.
