El Gobierno municipal de Vigo aprobará este lunes, 29 de diciembre, una nueva prórroga del contrato del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua a favor de la UTE FCC-Aqualia. La extensión será por 5 años, hasta el 31 de diciembre de 2030, y se adoptará en una convocatoria extraordinaria, a apenas dos días de que venza el actual contrato, durante una reunión en la que también se discutirá la nueva concesión del bus urbano -una vez acabada la concesión de Vitrasa-.
Desde 1991
Con esta nueva prórroga, Aqualia se ocupará del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua a la ciudad, durante casi 40 años, tras las sucesivas ampliaciones del contrato:
- Contrato inicial (1991): adjudicado por un período de 25 años, con posibilidad de prórrogas quinquenales hasta un máximo de 25 años adicionales.
- Primera prórroga: aprobada en torno a 2011
- Segunda prórroga: el gobierno municipal de Abel Caballero aprobó el 30 de diciembre de 2020 una ampliación de cinco años hasta 31 de diciembre de 2025, vinculada a un plan de inversiones de 40,5 millones de euros.
En esta última el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó en 2024 su legalidad, rechazando varios recursos de empresas del sector y confirmando que la prórroga se ajustó a derecho. Y aún más, de acuerdo don los actuales términos, la concesión podría llegar hasta 2041, el máximo de 50 años contemplado para la misma.
Críticas
La decisión del Gobierno municipal de aprobar esta nueva extensión del contrato de Aqualia, se ha ganado las críticas del grupo municipal del Partido Popular, que considera que el momento elegido-en medio de las celebraciones navideñas y a apenas 48 horas para fin de año- busca reducir el impacto público de una medida de gran relevancia económica y política.
Asimismo el portavoz popular, Miguel Martín, sostiene que la prórroga se concede pese a que la concesionaria no ha cumplido con las obligaciones de inversión que condicionaban la anterior ampliación del contrato.
Martín, indica que en diciembre de 2020, el Concello autorizó una segunda prórroga del servicio supeditada a la ejecución y financiación de un plan de inversiones por valor de 40,5 millones de euros. «Cinco años después, según los datos conocidos, Aqualia solo ha justificado obras por importe de 18,4 millones, menos del 50 % de lo comprometido inicialmente. Aun así, el gobierno local opta por prolongar de nuevo el contrato sin exigir el cumplimiento íntegro de ese plan ni aclarar qué ha ocurrido con las actuaciones pendientes».
ETAP de O Casal
La mayor parte de las inversiones justificadas, continúa el concejal del PP —14,9 millones de euros— corresponden a la ampliación y modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de O Casal. Una obra presupuestada inicialmente en 22,7 millones y revisada al alza en 2023 hasta los 24,8 millones debido al mal estado de la estructura existente. «Sin embargo, la cifra ahora presentada contrasta con las declaraciones realizadas por el propio alcalde en marzo de 2025, cuando aseguró que los trabajos habían costado en torno a 23 millones que había asumido íntegramente por la concesionaria».
«Un cheque en blanco»
Para Miguel Martín, la falta de coherencia entre las cifras oficiales, junto con la ausencia de explicaciones públicas sobre las inversiones no ejecutadas, alimenta las dudas sobre la gestión del contrato. Desde el PP también se recuerda que Abel Caballero había prometido sacar el servicio a concurso y no seguir prorrogando la concesión, pese a que legalmente podría extenderse hasta 2041.
Además del incumplimiento inversor, la oposición subraya el impacto directo del contrato sobre los ciudadanos, recordando que Vigo mantiene una de las tarifas del agua más altas de Galicia. En este contexto, consideran que la nueva prórroga equivale a conceder “un cheque en blanco” a una empresa que no ha cumplido los compromisos adquiridos en la anterior ampliación.
«Hipotecar de novo á cidade»
Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, calificó esta decisión de “nova estafa á cidade” y advirtió de que el alcalde “volve faltar á súa palabra”, después de haber prometido una nueva licitación y optar ahora por “agasallar a Aqualia cunha nova prórroga a poucos días de que expire a actual, aprobada por sorpresa en decembro de 2020”.
Desde el BNG rechazan que el Gobierno municipal insista en un modelo de gestión privatizada que “prioriza o lucro privado fronte ao interese xeral”, ignorando la propuesta nacionalista de iniciar el proceso de remunicipalización del ciclo integral del agua, como ya han hecho numerosas ciudades del Estado y de Europa.
“O que Caballero pretende é volver hipotecar a cidade, cando existen alternativas probadas que permiten unha xestión máis eficiente, transparente e socialmente xusta”, afirmó Igrexas.
Vitrasa
En la misma reunión del lunes, el Gobierno municipal estudiará el expediente de contratación del Servicio de Transporte Urbano, una vez acabada la concesión de Vitrasa. Como informó vigoalminuto, a finales de mayo, el Concello prorrogó durante un año el contrato -con la posibilidad de extenderlo dos, es decir hasta junio de 2027 con la finalidad de elaborar el nuevo pliego del contrato del autobús.
Previamente, el 8 de abril, el alcalde informaba de un nuevo trámite de la futura concesión: el Portal de Contratación del Estado publicaba el anuncio previo del expediente de contratación para la prestación del servicio de transporte urbano de la ciudad, con un valor estimado de 468 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve años, prorrogable por un año más. La previsión, indicaba entonces la página web del Concello, es que el nuevo contrato pudiese entrar en vigor el 1 de enero de 2026.
Cambio de opinión a lo largo de los años
En declaraciones anteriores a lo largo de los años, Abel Caballero fue cambiando de opinión con respecto a Vitrasa: así, en septiembre de 2012 afirmó «en tanto que yo sea alcalde no se prorrogará la concesión de Vitrasa en ningún momento y de ningún modo», añadiendo que para cuando la fecha se cumpla el servicio saldrá a concurso y se hará con el mismo la oferta que más se ajuste a los intereses municipales.
El 6 abril de 2018 aseguró que Vitrasa no seguirá y calificó las condiciones de la concesión, aprobada en tiempos de Príncipe, como «dañinas» para Vigo. El 28 de diciembre del mismo año el alcalde informaba de que el servicio de Vitrasa se acababa y que renunciaba a utilizar la prórroga de 5 años. ¿Con qué argumentos justificaban esa decisión? el propio Caballero indicaba, entonces, que «Vigo necesita una concesión adecuada al año 2020, no queremos una concesión adecuada a 1994».
Finalmente, el 5 de junio de 2020, el Gobierno municipal decidió prorrogar por 5 años la concesión de Vitrasa– hasta junio de 2025-, ampliando ese plazo, un año más -con posibilidad de 2-.
