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La Justicia anula los cobros de Vigo y da la razón a Porriño en el conflicto por el agua de Eiras

Dos sentencias tumban el acuerdo plenario vigués de 2023 y las liquidaciones por casi 150.000 euros

La Justicia anula los cobros de Vigo y da la razón a Porriño en el conflicto por el agua de Eiras

El Concello do Porriño ha obtenido el respaldo de la justicia en su disputa con el Concello de Vigo por los costes del embalse de Eiras. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha emitido dos sentencias que estiman los recursos presentados por el ayuntamiento porriñés y declaran nulo el acuerdo plenario aprobado en Vigo el 29 de marzo de 2023, documento con el que el Gobierno municipal modificó unilateralmente los importes que debía asumir su vecino.

Casi 150.000 euros

La decisión judicial invalida también todas las liquidaciones emitidas ese año —casi 150.000 euros— al considerar que carecían de base legal. Según la sentencia, Vigo no tenía competencia para imponer un nuevo canon sin acuerdo entre ambas partes ni justificación suficiente.

El conflicto se remonta al convenio firmado en 1998, que fijaba la participación del consistorio porriñés en los costes de mantenimiento y en la financiación del canal de abastecimiento, completamente amortizado en 2023. Tras ese punto, Vigo actualizó los pagos por su cuenta y exigió nuevas cantidades, originando la batalla administrativa resuelta ahora.

«Pagaremos lo que le corresponda, no lo que Vigo decida»

El alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo, celebró la resolución judicial y defendió que el municipio “pagará lo que le corresponda, pero no lo que Vigo decida e imponga unilateralmente”. Recordó, además, que O Porriño dispone desde 1962 de una concesión ministerial que garantiza el acceso al agua, por lo que sólo debe asumir los costes de mantenimiento de las infraestructuras.


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Diálogo

El juez aprovecha la sentencia para pedir a ambos concellos que abandonen la vía de la imposición y apuesten por el diálogo, una petición que coincide con la postura expresada por O Porriño en los últimos años. La resolución incluso reprende al Gobierno de Vigo y le exige actuar con “auténtica transparencia” y facilitar la documentación detallada sobre los gastos reales del embalse.

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