El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado la existencia de “neglixencias graves” en materia de seguridad y salud durante las obras de reforma del CIFP Manuel Antonio de Vigo, uno de los centros de Formación Profesional con mayor matrícula de Galicia. La diputada Alexandra Fernández y el portavoz municipal Xabier P. Igrexas visitaron las instalaciones junto a docentes y constataron lo que consideran una “caótica e perigosa chapuza” atribuida a la Xunta.
Problemas que afectan directamente al alumnado y al profesorado
Las obras de reparación de la cubierta, iniciadas al comienzo del curso, han generado múltiples problemas que afectan directamente al alumnado y al profesorado: suspensión de clases, interrupción de prácticas en talleres y dificultades para mantener la actividad educativa. Ante esta situación, el BNG adelantó que llevará al Parlamento gallego una nueva batería de iniciativas para exigir soluciones urgentes.
Durante la visita, pudieron comprobar filtraciones de agua en varios edificios, fuertes olores derivados de los materiales aislantes, polvo en suspensión y la caída parcial del techo en uno de los talleres durante una clase. En otras aulas, las clases continúan con baldes colocados para recoger el agua, una imagen que, según denuncian, simboliza el deterioro de las condiciones del centro.
Los docentes trasladaron además preocupaciones sobre la falta de medidas de seguridad básicas en el desarrollo de los trabajos, como tareas de desescombro y lanzamiento de cascotes a pocos metros del alumnado. El ruido constante y el uso de materiales potencialmente tóxicos, sin información clara sobre mediciones técnicas o protocolos, agravan la situación. A ello se suman daños en maquinaria especializada valorada en miles de euros y la pérdida de cepas de estudio sanitario tras un corte eléctrico que podría estar relacionado con las obras.
“Total opacidade”
El BNG critica la “total opacidade” con la que, aseguran, la Xunta ha gestionado la intervención, activando una comisión de seguimiento solo después de que las protestas del profesorado salieran a la luz. Además, denuncian la ausencia de refuerzos en limpieza a pesar del polvo y materiales en suspensión que afectan diariamente a unas instalaciones con más de 1.500 estudiantes.
Asimismo, Alexandra Fernández reclamó a la Xunta que atienda las demandas de la comunidad educativa, recordando que el CIFP Manuel Antonio es el segundo centro de FP con más alumnado de Galicia. Criticó que el Gobierno gallego “ou ben minimiza o problema ou aplica unha política de represión” contra quienes lo denuncian. A su juicio, la Consellería debería “mimar” este centro y no someterlo a una reforma mal planificada que, además, comenzó coincidiendo con el inicio del curso, en lugar de aprovechar el verano.
La diputada recordó que la previsión inicial era finalizar la obra en diciembre, pero que la propia Consellería ha admitido que podría prolongarse hasta la primavera de 2026. Fernández insistió en que las obras educativas “teñen que contar cun plan para minimizar ao máximo o impacto nas aulas e garantir a seguridade”, un objetivo que considera incumplido.
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Doble “castigo” de la Xunta
El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, aseguró que lo ocurrido en el CIFP Manuel Antonio es el ejemplo más claro del “duplo castigo ao ensino público” en Vigo. Según él, la Xunta primero abandona los centros —como este, con 50 años de antigüedad— y posteriormente genera un “desastre” por la falta de control y supervisión de las obras.
Igrexas subrayó que el alumnado y el profesorado “non poden seguir padecendo que unhas obras necesarias se teñan convertido nun calvario insoportábel” que incluso impide la actividad educativa. Invitó a los responsables del PP a visitar el centro y comprobar la situación real, más allá de lo que calificó como un “discurso criminalizador” hacia la comunidad educativa.
