Un año después de la DANA más devastadora de la historia reciente de España, que dejó 237 muertos y daños millonarios en el este y sur peninsular, Greenpeace advierte de que el país continúa sin estar preparado para afrontar fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático.
La organización ecologista reconoce algunos avances en materia de adaptación, como la incorporación de la educación en emergencias en el sistema educativo a partir del curso 2025-2026, la mejora de los sistemas de alerta temprana o la aprobación del Real Decreto de “permisos climáticos” que refuerza la protección de los trabajadores ante episodios extremos. Sin embargo, considera que la gestión del territorio sigue siendo el principal punto débil.
“Las precipitaciones extremas ya no son episodios excepcionales, sino el reflejo de la crisis climática. No podemos permitir que se siga construyendo en zonas de riesgo ni ignorar el papel protector de la naturaleza”, ha señalado Elvira Jiménez, responsable de Adaptación Climática de Greenpeace España.
Urbanismo y riesgo de inundación
Greenpeace denuncia los retrocesos en materia urbanística tras la catástrofe, en especial la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Gobierno valenciano un mes después de la tragedia, que permite agilizar construcciones en zonas inundables sin informes previos de riesgo.
La organización reclama que todos los planes generales de ordenación urbana anteriores a 2015 se revisen y adapten con informes de inundabilidad y mapas de riesgo vinculantes, de modo que las zonas inundables sean declaradas no urbanizables.
Según datos del último informe de Greenpeace, más de 2,7 millones de personas en España viven en áreas con alto riesgo de inundación, y en muchas de ellas se siguen proyectando nuevas edificaciones.
Renaturalización y adaptación local
La ONG también subraya la falta de avances en la renaturalización de ecosistemas fluviales y urbanos. El humedal de l’Albufera, que actuó como barrera natural frente a las inundaciones, demuestra —según Greenpeace— la necesidad de restaurar ecosistemas y aumentar la permeabilidad de los municipios para reducir el impacto del agua en calles y barrios.
Además, recuerda que muchos municipios afectados por la DANA aún no disponen de planes locales de adaptación al cambio climático, y pide más financiación y cooperación interadministrativa para elaborarlos.
Mitigación: la asignatura pendiente
En materia de mitigación, Greenpeace denuncia que las políticas públicas siguen siendo insuficientes. En 2024, las emisiones de gases de efecto invernadero apenas se redujeron un 0,5 %, lejos del 7 % anual necesario para cumplir los objetivos climáticos.
Aunque el consumo de gas descendió un 4,2 % gracias al mayor uso de renovables, el consumo de petróleo se mantiene muy alto, especialmente en el transporte.
La organización reclama que las grandes empresas energéticas asuman su responsabilidad y contribuyan a la reconstrucción y adaptación mediante nuevos instrumentos fiscales.
“Mientras petroleras como Repsol registran beneficios multimillonarios, miles de familias sufren las consecuencias de desastres como la DANA. Las vidas humanas deben estar por encima de los beneficios privados”, ha declarado Pedro Zorrilla Miras, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Un pacto de Estado por el clima
Finalmente, Greenpeace llama a impulsar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que reúna a todos los agentes sociales y políticos bajo un consenso guiado por la ciencia y capaz de trascender los ciclos políticos.
“El cambio climático ya no es una amenaza futura: es una realidad cotidiana. Necesitamos un acuerdo de país que priorice la vida y el bienestar por encima de los intereses cortoplacistas”, concluye Jiménez.
