La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), ha enviado una nota a los medios de comunicación informando de que rechaza la huelga general convocada el próximo 15 de octubre en solidaridad con el pueblo gazatí, “al considerar que se trata de una movilización que no responde a la relación entre empresarios y trabajadores y la gestión empresarial”.
La CEP recuerda que el paró de dos horas, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales del territorio español, “no se adecúa al libre ejercicio del derecho de huelga en defensa de condiciones de trabajo, empleo y negociación colectiva”.
En este sentido, añade que ,”según el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, se consideran ilegales aquellas paralizaciones que se inicien o se sostengan por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, así como las que sean “de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan”.
La Patronal pontevedresa considera el motivo de convocatoria por parte de los sindicatos, “siendo esta el respeto y solidaridad por el pueblo palestino, no se ajusta a la actividad laboral directa de las empresas a nivel nacional, y mucho menos a nivel regional”.
“Esta convocatoria se enmarca dentro de la ilegalidad”
Jorge Cebreiros, presidente de la CEP, argumenta que “aunque los fundamentos de la huelga sean completamente legítimos en materia de solidaridad, no hay que olvidarse de que supone un desvío total de la actividad económica y laboral directa de las empresas españolas. Al no ajustarse a lo dictado legalmente, esta convocatoria se enmarca dentro de la ilegalidad”.
Al mismo tiempo recuerda que “respetamos el derecho de protesta y la libertad de expresión, pero rechazamos rotundamente la utilización de un paro laboral para fines ajenos a los propios líderes empresariales y sus trabajadores”.
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“Supone un perjuicio económico y productivo que carece de justificación”
La Confederación considera que las huelgas o cese de actividades deben responder primordialmente a reivindicaciones que afecten directamente al ámbito laboral: Salarios, convenios, condiciones de trabajo, etc.
“Con esta postura, la CEP reitera su compromiso con el crecimiento y desarrollo económico de la provincia, así como de la región, siendo consciente de que un parón de esta medida supondría un perjuicio económico y productivo que carece de justificación”.
