La operación denominada “Colddoor”, llevada a cabo por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia civil de Pontevedra, se inició en febrero de este año, al tener entrada en el Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Vigo la denuncia de una persona de edad avanzada, residente en Baiona, donde denunció varios delitos de estafa y falsedad documental en trámites de financiaciones irregulares.
A partir de ese momento, se centró la investigación sobre la sociedad mercantil responsable de las contrataciones de ventas de productos a domicilio, con sede en La Rioja y delegación en O Porrino, la cual ya tenía declarada insolvencia definitiva por un Juzgado de lo social de Vigo
Realizado un análisis de los contratos de ventas fue posible identificar las personas responsables de la administración, visitas a domicilio y entrega de productos, así como el engaño practicado en la venta y confección de contratos y financiaciones.
Modus operandi
La forma de proceder de este grupo, se desarrollaba a través de llamadas a los domicilios, en los cuales seleccionaban a personas mayores que residían solas fáciles de convencer para realizarles ventas y financiaciones.
Como gancho para tener entrada en los domicilios se ofrecía una crema o producto similar como regalo. Cada día se planificaban los domicilios a visitar por grupo de comerciales que, a través de cursos y jornadas preparatorias de formación, tenían aprendido un guión para convencer y engañar a los clientes, con el fin de conseguir los objetivos de ventas impuestos por la empresa.
En la primera visita se firmaba un precontrato de venta de un producto con precio, que podría rondar los 3.500€, ofreciéndose como regalo otros similares. Estos productos eran tales como masajeadores de pies o de rodillas, purificador de aire o agua, funda de colchón y demás objetos de consumo, que se vendían como productos terapéuticos, a precios desorbitados respecto de su valor de compra, ofreciéndose financiaciones en letras mensuales para poder realizar el pago sin problemas de solvencia.
Al día siguiente se personaba en el domicilio personal de esa empresa, encargado del reparto de los productos, quienes eran responsables de que se firmase el contrato de venta y financiación. Si existía posibilidad de realizar pagos en efectivo, se cobraba en ese momento y muchas veces no quedaba constancia en el contrato final, ni en la financiación. En ocasiones puntuales se ofrecían a trasladar a la entidad bancaria a la persona para que retirase el dinero de su cuenta bancaria.
Una vez que se analizó la facturación presentada en la hacienda pública, se pudo comprobar que se facturaban todos los productos ofrecidos como regalos, siendo el mayor montante enciclopedias o colección de libros descatalogados, que además únicamente tributan a un 4% del IVA.
Aumento de las cantidades estafadas
Otra forma de engaño, era la refinanciación de los pagos mensuales ya existentes, convenciendo a las personas mayores para realizar una nueva financiación con mejores condiciones de pago y plazo, siendo datos falsos para conseguir otra nueva financiación con otra empresa financiera, pasando de esta forma a tener tres y cuatro letras mensuales de distintos préstamos personales.
Infracciones a la ley de consumidores y estafa
Para apoyar la investigación, se solicitó al responsable de la Delegación del Servicio de Consumo de Pontevedra, para que realizase estudio de los contratos de venta de la empresa y de la financiación. En este informe, describió numerosas infracciones a la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios; a la Ley de venta a plazos de Bienes muebles y a la Ley de contratos de crédito al consumo, todas estas infracciones, eran complementos de los engaños que conllevan al delito de estafa.
Se resumían en: carencia al detalle de los productos objeto de contratación y del precio al contado; carencia del cuadro de amortización que debe entregarse al consumidor en el momento de la contratación del préstamo; la información, sobre publicidad y promoción comercial de productos, con pretendida finalidad sanitaria; constar menor plazo del ejercicio del derecho de desistimiento y de garantías; cláusulas abusivas en el contrato por comisión de gestión de reclamación por impagos; y tratamiento de los datos personales sin autorización para la cesión.
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Investigados
En ese punto de la investigación, se consideran probados los delitos de estafa con agravante de abuso de confianza y falsedad documental en documentos privados, por ello el día 28 de mayo, se procedió a la investigación de una mujer de 27 años de edad y residente en Vigo, con antecedentes penales, y un hombre de 28 años de edad residente en Redondela. Y en la Comandancia de la Guardia civil de Murcia, a la investigación de un varón de 49 años de edad residente en Valladolid con numerosos antecedentes penales.
El día 29, se procedió a la investigación de otro individuo de 40 años de edad de Ponteareas, también con antecedentes penales.
El 4 de junio, en la Comandancia de la Guardia civil de Pontevedra se procedió a investigar por responsabilidad penal de las personas jurídicas a las sociedades financieras con sedes en Asturias y Cataluña representadas por las personas designadas como representantes, hombre de 58 años de edad y residente en Oviedo y procurador del Colegio de Procuradores de Pontevedra de 76 años de edad, al considerarse las sociedades un medio participe para la comisión de los delitos, al no hacer constar en los documentos contractuales los productos adquiridos, ni los precios reales y no figurar el coste de la real de la financiación, así como carecer del cuadro de amortización en el momento de la contratación y del preceptivo informe de solvencia.
Detenido
Finalmente, el día 17, en el parking de un domicilio de O Porriño, se procedió a la detención del administrador de la empresa y dirigente del grupo, un sujeto de 45 años de edad con domicilio en Logroño, con antecedentes penales por mismo delito que el investigado.
Le fueron intervenidos, un vehículo de alta gama, que figuraba a nombre de la sociedad, la cantidad de 1.500 €, un ordenador portátil, disco de memoria y documentación mercantil relacionada con la investigación.
La instrucción del procedimiento está a cargo del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, con participación del fiscal especialista de consumo de la Fiscalía de Pontevedra.
