Una comisión judicial, acompañada por agentes de la Policía Nacional, desalojó de su piso de Vigo, del que es copropietaria, a una vecina de la ciudad y a su hijo de 18 años. La resolución judicial ordenaba hacer cumplir el convenio firmado tras divorciarse de su marido, en el que se especificaba que podrían vivir en el inmueble hasta octubre de 2022.
Desde que se cumplió ese plazo, su ex pareja y padre de sus dos hijos, exigió que saliesen de la vivienda, algo que la mujer ha podido ir retrasando mediante la presentación de sucesivos recursos. En ellos alegaba que carece de otro lugar en que vivir y tambien rechazaba que hubiese incumplido la sentencia, puesto que, ha explicado su abogada, Eva Aguilera, nunca se ha opuesto a que su ex marido acceda o haga uso del piso.
Asimismo, asegura, durante el tiempo que ha estado viviendo en este inmueble, ha pagado su parte de la hipoteca, los recibos de la comunidad, el impuesto de bienes inmuebles -la contribución- además de la luz y agua. En este tiempo, añade, tampoco ha recibido regularmente los gastos de manutención por sus hijos, uno de los cuales -el que ha sido desalojado con ella, que tiene una discapacidad del 37% – denunció a su padre y logró que se le condenase por violencia familiar y se le impusiese una orden de alejamiento.
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Ella aceptó el acuerdo
La representación de su ex marido insiste en que el plazo de permanencia en el piso acabó en octubre de 2022 -hace casi tres años– tal y como figuraba en el acuerdo que firmaron ambos, e insiste en que la vivienda es parte de la sociedad de gananciales del matrimonio, sociedad que no se ha liquidado.
También rechaza que su representado se haya negado a toda negociación, aunque no está dispuesto a hacerlo en las condiciones actuales.
