Abel Caballero ha solicitado a la Xunta de Galicia la reversión del edificio del antiguo Colegio Rocío. El alcalde apunta que el inmueble es propiedad municipal y que, dado que “ya no es colegio desde hace años” -después de que se construyesen unas instalaciones más modernas- y “no tienen actividad docente”, debe devolverse a la ciudad.
La Consellería de Educación abrió en septiembre de 2023 en este lugar el Centro de Formación y Recursos para el Profesorado, tras una reforma en la que se invirtieron 400.000€ destinados a adaptar los 3.000 m2, distribuidos en tres plantas, y dotados con un aula E-Dixgal y un Polo Creativo, salón de actos con capacidad para 100 personas y 6 aulas de formación -con capacidad para 400 personas– despachos y zona de administración.
Otras noticias
- O Plan +Provincia mobiliza esta semana preto de 2,5 millóns, para 16 concellos
- ADEGA rexistra na Xunta máis de 1.400 peticións de arquivo do expediente de augas de Altri
- El Gobierno municipal prorroga un año más la concesión de Vitrasa
- Al Di Meola actuará en Vigo, en noviembre
- Porriño, ‘Onde florecen os libros’
- AVEMPO reivindica un diagnóstico temprano y un sistema de financiación estable
“Si la Xunta quiere un Centro de Profesorado, que construya un edificio”
Caballero denuncia que la Xunta quiere quedarse el edificio, “es muy dada a quedarse con propiedades del Ayuntamiento y de la ciudad de Vigo”, e insta a los responsables de Educación: “si quieren hacer un centro de profesorado, tienen que construir un edificio y tendrán todo nuestro apoyo”. Sin embargo, exige la devolución de este inmueble para que el Concello dedique el mismo a lugar de acción social y “atención a la zona de Rocío, en Coia”.
Como el edificio de los antiguos juzgados, en la calle Lalín
No es la primera vez que el alcalde pide las llaves de la puerta a la Xunta. Ya lo hizo hace un mes al reclamar la propiedad del antiguo edificio de los Juzgados, en la rúa Lalín, después de, en enero, la Xerencia de Urbanismo decidiese suspender la licencia de obra que había aprobado en noviembre para que el Gobierno gallego reformase el inmueble.
En el mismo iban a invertirse 24 millones de euros para ubicar en él un nuevo centro para las asociaciones de la ciudad. De hecho, más de 70 colectivos habían solicitado espacio en él. Sin embargo, ante la reclamación del Concello, la Xunta tuvo que resolver el contrato para la reforma del inmueble y paralizar esa aportación millonaria.
Finalmente, serán el juzgado el que decida quien es el propietario del edificio y, posiblemente, cual de las dos administracines, Ayuntamiento de Vigo o la Xunta de Galicia, debe hacerse cargo de la indemnización a la empresa a la que se había adjudicado una obra que estará paralizada por tiempo indeterminado.
